Este libro y la iniciativa de Dejusticia que lo originó propone un nuevo tipo de acercamiento a los derechos humanos que se caracteriza por tres rasgos. En primer lugar se trata de una escritura reflexiva, cuyos autores son los propios activistas que trabajan directamente en las organizaciones y en el terreno y se detienen a pensar sobre el potencial, los logros y los desafíos de su conocimiento y su práctica.

El pasado 10 de noviembre presentamos una acción de tutela por la situación de deterioro ambiental que afecta a la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga es un ecosistema estratégico compuesto por un conjunto de lagunas y humedales costeros, declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO y protegido por la Convención RAMSAR.

Acogiendo argumentos jurídicos de una tutela asesorada por Dejusticia, la Corte Constitucional reconoció que las consultas populares sobre minería son legales y que -en ejercicio de sus facultades para proteger el medio ambiente y regular los usos del suelo- los municipios pueden prohibir la minería en sus territorios.

En este artículo de El Tiempo, Laura Sepúlveda cuenta cómo Dejusticia apoyó formulación de tutela de habitantes de Pijao para conseguir consulta popular sobre temas mineros.

Dejusticia intervino en una demanda que buscaba la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos del Código de Minas (Ley 685 de 2001). Esta fue la respuesta de la Corte.

El tribunal acogió los planteamientos que hizo Dejusticia, entre otros actores que apoyaron la iniciativa. 

Dejusticia presentó un escrito de coadyuvancia en una tutela presentada por una ciudadana de Pijao en defensa del derecho a la participación ciudadana en la consulta popular sobre minería.

En este escrito de coadyuvancia defenderemos la constitucionalidad de la consulta poppular en Ibagué a partir del análisis de dos problemas jurídicos.