Aunque reconocemos que la medida no es suficiente para proteger estos ecosistemas, consideramos que es un precedente positivo hacia la garantía de derechos de generaciones futuras.

Hace un año la Corte declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia 4360 de 2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, mientras las amenazas al bosque aumentan.

Los 25 niños y jóvenes que impulsamos la Primera Tutela de Cambio Climático y Generaciones Futuras de América Latina nos unimos a expertos y organizaciones de la sociedad civil de Colombia para pedirle al Congreso de nuestro país que #CambieLaMeta de deforestación que el Presidente Iván Duque propuso en su Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022).

¿Qué significa que la naturaleza tenga derechos? En un contexto de posconflicto, ese debate ha derivado en una pregunta que va más allá: ¿los ecosistemas que han sido vulnerados por el conflicto armado pueden ser reconocidos como víctimas? Un caso que compromete al río Magdalena iría en esa dirección.

Desde Dejusticia consideramos que la Corte Constitucional desconoció, en su fallo más reciente, su propio precedente. En 2016, con otra sentencia, la Corte había respaldado las consultas populares como mecanismos válidos para que las comunidades se pronuncien sobre la presencia de actividades mineras y petroleras en sus territorios.

El premio, que fue entregado este 20 de noviembre en Estocolmo (Suecia), busca resaltar iniciativas mundiales de liderazgo juvenil enfocadas a enfrentar el Cambio Climático. El galardón lo recibió el peruano José Quisocala, de 13 años. Los 25 niños, niñas y jóvenes colombianos fueron uno de los cinco finalistas.

El desminado humanitario y la erradicación manual de cultivos ilícitos devuelve la tranquilidad a los campesinos para cultivar la tierra –y eso es vital–. También propicia mejores condiciones para la protección de ecosistemas especiales, como los de La Macarena en el Meta.

Nos preocupa que algunas entidades estatales puedan utilizar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, sobre deforestación en la Amazonía, para emprender acciones represivas que no son acordes con las órdenes de la Corte. Además, que no responden a una política integral para frenar el problema.

Eliminar el uso de este mecanismo para estos casos es un retroceso. Los municipios volverán a estar sujetos a lo que se decida hacer en sus territorios desde Bogotá.