Aún no hay sentencias, pero lo que revelan las 77 construcciones levantadas sin licencia y detectadas por las autoridades con posterioridad al colapso, es la omisión del gobierno local en su papel de garante del cumplimiento de estándares de seguridad para las construcciones urbanísticas.

¿Cómo va el Estado a tomar en cuenta al campesinado en sus políticas si no los cuenta en su principal instrumento de recolección de información, que es el censo? La solicitud del campesinado es justa pues ha sufrido históricamente una discriminación estructural. Un solo dato lo muestra: la pobreza rural (45 %) es aproximadamente tres veces más alta que la urbana (15 %).

Al momento en que se buscar disminuir la discriminación por pobreza y asegurar el acceso al goce de derechos, debe hacerse un esfuerzo por reducir la discriminación por factores históricos por cuanto son elementos que facilitan el empobrecimiento de varios grupos sociales. 

No adoptar el impuesto a las bebidas azucaradas como paso inicial para una estrategia de salud más integral, equivale a haber dicho hace unos años que no debía hacerse obligatorio el cinturón de seguridad, con la disculpa de que el problema de la accidentalidad en tránsito es demasiado complejo y requiere medidas más globales.

Hace dos años se cayó un proyecto de ley que buscaba regular el cabildeo o lobby en espacios de toma de decisiones esenciales para todos los colombianos, como el Congreso. Hoy, esta práctica está parando proyectos que buscan promover regulaciones en la industria de alimentos y bebidas azucaradas.

Es cierto que el NL, como cualquier ideología influyente, no habría perdurado tanto tiempo si no tuviese un núcleo de verdad. El problema es la combinación de esas verdades con el dogma y la fantasía.

El 91.1% de Cartagena es rural: son 551 kilómetros cuadrados en los que según el SISBEN viven unas 70.000, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Allí, la pobreza extrema cuadriplica los registros de la cabecera urbana.

Según la última Encuesta de la Situación Nutricional de los colombianos, que se conoció esta semana, aumentó el sobrepeso en adultos y niños. Esta revelación abrió nuevamente el debate sobre ponerle límites a la publicidad de comida ultraprocesada y sobre el impuesto a bebidas azucaradas.

Es hora de que la región asuma el reto y decida si  la expresión comercial necesita ser protegida sobre la salud de los niños o si puede ser restringida con el fin de evitar el aumento de las tasas de obesidad infantil.