Para nadie es un secreto que los activistas de la salud han tenido que enfrentar tácticas agresivas, ilegales y corruptas por parte de las industrias que combaten. Sin embargo, nadie sospecharía que los activistas de la alimentación saludable también tuvieran que enfrentar dichas tácticas de juego. La infiltración de comunicaciones y la censura se han convertido en formas recurrentes para detener su trabajo en América Latina.

Debe haber alguna manera de incorporar los principios normativos del marco de los derechos humanos en las comparaciones visuales que hacemos.

A través de una tutela ciudadanos buscan que se vuelva a transmitir el comercial de televisión que prohibió la Superintendencia de Industria y Comercio, que exponía los posibles efectos en la salud de estas bebidas.

No deberíamos los consumidores saber cuántos cientos de litros de agua se utilizan en toda la cadena de producción de un litro de gaseosa?

El gobierno se ha esforzado por mantener separadas las discusiones sobre el Acuerdo de Paz y la reforma tributaria: dice que con o sin Acuerdo, la reforma es necesaria para tapar el enorme hueco fiscal que dejó la caída en los precios del petróleo y otros recursos naturales.

En el caso de los pueblos Kaliña y Lokono v. Suriname, decidido en noviembre de 2015, la Corte Interamericana se basó en los PRs y otros instrumentos internacionales para determinar si Suriname había violado sus obligaciones en virtud de la Convención Americana. Este evento, aunque aparentemente pequeño, aumenta la legitimidad de los PRs como normas internacionales.

Con razón se dice que si una idea es criticada por ambos extremos, algo bueno debe de tener. Lo que no pudo la paz, lo está logrando el impuesto a las bebidas azucaradas que se debate en el Congreso y unió a senadores como Iván Duque y Jorge Enrique Robledo, que se resisten con igual ahínco a la medida.