Hay dos formas de conjurar una cifra escandalosa, como la de niños y niñas muertos por desnutrición en Colombia. Una es resolver el problema. La otra es ocultar o retocar las cifras.

Nueva Venecia es uno de los tres pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta cuyo futuro está en juego por el alto riesgo ambiental.

Las muertes de niños y niñas wayúu fueron reportadas desde hace varios años a los sistemas de vigilancia epidemiológica y eran conocidas por las autoridades locales y nacionales. Pero el dolor por sus muertes no alcanzaba los micrófonos.

Vivimos en la época de los problemas complejos: el cambio climático, las migraciones masivas, la creciente desigualdad global, el terrorismo azaroso.

Se ha vuelto costumbre hablar de la paradoja colombiana como la coexistencia de una democracia estable con una violencia endémica.

Al cumplirse el quinto aniversario de la aprobación unánime de los Principios Rectores (GPs – Guiding Principles, por su sigla en inglés) este mes, el tema de la medición debería convertirse en prioridad para aquellos comprometidos con la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. 

El hambre y la obesidad son evitables en el mundo de hoy. Son el resultado de las decisiones políticas que los Estados han tomado sobre la producción, procesamiento, comercialización y distribución de los alimentos.

Era un día soleado de febrero, y la puerta de entrada de la casa de familia estaba adornada con una cinta morada. En la sala saltaban a la vista las fotos de Juanse, y los cuadros que sus amigos le habían regalado. Hablamos por horas con sus padres y su hermana, conocimos a Juanse a través de la familia que hacía dos semanas había acompañado la partida de su hijo y hermano de 14 años.

Deberíamos aprovechar este momento en que el país comienza a hacerse preguntas sobre el papel de la cultura en el posconflicto para considerar el tema de manera más amplia.