Durante la visita a La Guajira para verificar el estado de la sentencia T-302-17, los magistrados de la Corte Constitucional anunciaron que decretarían unas medidas urgentes, pero hasta ahora no las han publicado en ninguno de los canales de la Corte.

¿Qué ocurre cuando un acto administrativo es contrario a una ley que ha sido promulgada con posterioridad a su expedición? Lo analizo a través de la Ley Comida Chatarra y la Regulación 810 de 2021.

El departamento concentró el 35 % de los menores fallecidos por desnutrición en el país en 2021, y aunque el ICBF aumentó la cobertura de los programas de alimentación, esta no ha sido suficiente. Satisfacer el derecho de pueblos étnicos exige tener en cuenta la dimensión cultural, que supera la subsistencia física.

El Estado colombiano  debe diseñar políticas públicas integrales que entiendan que la sed y el hambre caminan juntas, es decir que atacar la inseguridad alimentaria en La Guajira sin proveer agua potable no es una decisión inteligente.

La regularización debe venir acompañada de políticas de integración social que permitan a las personas migrantes insertarse en el aparato productivo del país. El Gobierno está llamado a construir políticas alimentarias incluyentes, sostenibles, con un enfoque diferencial, que tengan como objetivo el aseguramiento de este derecho, ya que de alimentarse adecuadamente depende la vida.

Adoptar un etiquetado nutricional de alimentos es clave para garantizar varios derechos plenamente reconocidos en el marco de los derechos humanos. Es clave para garantizar la salud, pues, como lo ha dicho el Comité DESC de la ONU.

El Acuerdo Final de Paz ya preveía los riesgos de inseguridad alimentaria en el país. Por eso el punto uno sobre reforma rural integral planteó la necesidad de crear 16 planes nacionales con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad y promover el desarrollo rural.

La situación actual del hambre en Colombia tiene factores estructurales y coyunturales. Tanto el Gobierno actual como el entrante bien harían en implementar medidas para solucionar los factores de riesgo en este panorama.

Es un error concluir que las las administradoras de fondos de pensiones y cesantías están obligadas a acoger las ofertas públicas de adquisición únicamente porque el precio ofrecido es mayor a la cotización en bolsa.