El 13 de noviembre de 2018, la acción de tutela fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional. Ahora está en las manos del alto tribunal revisar el caso, confirmar esas decisiones y garantizar que no se afecten los derechos ya concedidos.

A pesar de que los derechos de los niños como consumidores se vieron vulnerados, los jueces en primera y segunda instancia decidieron rechazar las peticiones de Red Papaz. La decisión que tome la Corte podría crear un precedente que haga efectivos estos derechos.

Indígenas, afros y campesinos que viven en zonas apartadas siguen teniendo serias dificultades de prevención, acceso a tratamiento y a medicamentos. Este fue uno de los hallazgos que presentamos a la Corte Constitucional, en seguimiento a la sentencia T-760 de 2008.

La falta de acciones del Estado para controlar la publicidad engañosa con la que la industria de bebidas y comida chatarra incentiva a niños y niñas a consumir productos no saludables llevó a Red PaPaz a presentar una acción de tutela. Dejusticia acompañó el proceso.

El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.

Siete organizaciones latinoamericanas, entre ellas Dejusticia, intervinieron ante la Suprema Corte de Justicia mexicana para apoyar una demanda que busca proteger los derechos de los consumidores, pues solo el 2% de los mexicanos entiende los etiquetados de alimentos y bebidas. Sin embargo, el tribunal aplazó la discusión.

Dejusticia había intervenido ante tribunal ecuatoriano que protegió los derechos de las comunidades indígenas de Molleturo y de la naturaleza frente a los intereses del gobierno ecuatoriano y la trasnacional china Ecuagoldmining.

La Corte Constitucional emitió una sentencia esperanzadora para miles de niños wayúu que sufren en carne propia la crisis humanitaria de La Guajira. Un grupo de investigadores de Dejusticia visitó el departamento para entender la situación.

La crisis ambiental de este ecosistema llevó a pescadores a emprender una batalla jurídica que llegó a la Alta Corte. En intervención, apoyamos su petición de que autoridades ambientales tomen medidas urgentes para frenar el desastre y así proteger sus derechos al medio ambiente sano, vida digna y trabajo.