La medida del etiquetado frontal de advertencia no va en contra de la propiedad intelectual ni tampoco constituye una expropiación de las marcas. En el documento explicamos por qué nuestros compromisos comerciales no limitan al legislativo para proponer, debatir y aprobar un etiquetado frontal de advertencia. 

En su declaración, Dainius Pūras resalta la importancia de que los Estados garanticen el acceso a alimentos esenciales, nutricionalmente adecuados e inocuos; en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de la población. Esto supone tomar medidas integrales que protejan el derecho a la salud y a la alimentación.

No se ha superado el estado de cosas inconstitucional y le pedimos al Tribunal ordenar a las entidades encargadas generar datos representativos y desagregados sobre los niveles de desnutrición infantil.

La sanción fue impuesta por la SIC al concluir que los productos “Hit” se promocionaron con mensajes engañosos. El uso de mensajes engañosos dirigidos a niños para motivar hábitos de consumo nocivos es una práctica común que cuenta con poca regulación en Colombia.

Le enviamos una solicitud de información al funcionario, pues nos preocupa la falta de transparencia y participación en la discusión de los criterios de priorización, así como la promoción de criterios posiblemente discriminatorios para la atención de pacientes en las unidades de cuidado intensivo e intermedio.

Aquí encontrarás una serie de recomendaciones sobre salud pública y soberanía alimentaria. Si comer es un acto político, hagámoslo con conciencia.

Con el fin de entregar nuestras valoraciones, radicamos un informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde analizamos la propuesta de modelo de etiquetado frontal presentado por el Gobierno Nacional.

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

Ante la pandemia del COVID-19, las agendas de los gobiernos tienen un objetivo en común: asegurar sistemas alimentarios de producción local que beneficien a toda la población, en especial a los más vulnerables.