El 13 de noviembre de 2018, la acción de tutela fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional. Ahora está en las manos del alto tribunal revisar el caso, confirmar esas decisiones y garantizar que no se afecten los derechos ya concedidos.

A pesar de que los derechos de los niños como consumidores se vieron vulnerados, los jueces en primera y segunda instancia decidieron rechazar las peticiones de Red Papaz. La decisión que tome la Corte podría crear un precedente que haga efectivos estos derechos.

La propuesta plantea, entre otros elementos, que el Estado recaude información estadística detallada de las condiciones de vida de esta población.

Desde Dejusticia y la Red Nacional de Agricultura Familiar celebramos la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

Indígenas, afros y campesinos que viven en zonas apartadas siguen teniendo serias dificultades de prevención, acceso a tratamiento y a medicamentos. Este fue uno de los hallazgos que presentamos a la Corte Constitucional, en seguimiento a la sentencia T-760 de 2008.

Los reconocidos expertos plantean una salida para mejorar la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario. El proyecto, acompañado por Dejusticia, propone que se reduzcan los beneficios tributarios y que se incluya un impuesto a las bebidas azucaradas.

La periodista Cecilia Orozco Tascón entrevistó a la directora (e) de Dejusticia. La investigadora hace un duro análisis de la actuación del fiscal general Néstor Humberto Martínez en su discurso ante el Senado esta semana, cuando él se defendió de sus críticos atacando a quienes considera sus enemigos.

Un caso exitoso en la región que demuestra que el etiquetado claro y eficaz de los productos puede influir positivamente en los hábitos alimenticios de los consumidores.

Aunque un impuesto a las bebidas azucaradas permitiría aumentar el recaudo y ayudaría a reducir la obesidad, la Ley de Financiamiento no incluye esta medida, y en cambio grava el IVA sobre productos saludables de la canasta familiar. Una política que interfiere con el derecho a una buena alimentación.