Dejusticia, en colaboración con Fensuagro, lanza un libro sobre la experiencia de las mujeres cultivadoras de coca en la región Andinoamazónica, busca explorar los retos que les impone la vida rural, las estructuras de género, el conflicto armado y la criminalización, a estas mujeres.

El Consorcio de canales, que autoriza la publicidad en los canales privados de televisión, apeló el fallo de tutela que lo obligó a emitir un mensaje educativo sobre los efectos negativos de la comida chatarra en la salud de menores realizado por la organización RedPapaz. Dejusticia intervino a favor de los derechos de esta ong y de los derechos de los consumidores.

Esta ley que ha sido objeto de debate tiene un capítulo más. Aunque fue aprobada en segundo debate, sus proponentes afirman que presiones de la industria lograron remover el artículo que haría obligatorio incluir un sello para advertir si un producto es alto en grasa, sodio y colesterol. Una nota de María Mónica Monsalve en El Espectador

La Corte Constitucional emitió una sentencia esperanzadora para miles de niños wayúu que sufren en carne propia la crisis humanitaria de La Guajira. Un grupo de investigadores de Dejusticia visitó el departamento para entender la situación.

En 2016 ocho empresas de bebidas azucaradas firmaron un acuerdo de autorregulación para disminuir la oferta y publicidad de sus productos en los colegios públicos del país. Una investigación de Dejusticia demuestra que no se está cumpliendo.

El Comité DESC ha empezado a ser más exigente en la revisión de los Estados en cuanto a su responsabilidad ante las afectaciones que puede generar el cambio climático en los DESC. El incumplimiento de esos deberes es, en sí mismo, una violación de los DESC.

El derecho de los consumidores a acceder al comercial censurado de Educar Consumidores sigue en pie. La Corte Constitucional ratificó la sentencia T-543 que había impugnado la Superintendencia de Industria Comercio. Este fallo defiende el derecho de los consumidores al acceso a la información, y el derecho de Educar Consumidores a informar y hacer campañas de salud pública.

La tutela que 1.770 campesinos y campesinas presentaron para ser incluidos en el censo, fue fallada por este tribunal que le ordenó al Gobierno precisar el concepto de campesino, contabilizar a esta población y adelantar políticas públicas que aseguren su igualdad material.

Campesinos apelaron el fallo de tutela de primera instancia del Tribunal Superior de Bogotá. El fallo reconoció la importancia de tener información estadística sobre el campesinado, así como el deber del Estado de atender sus necesidades, pero no le ordenó al DANE cambiar el formulario para el Censo del otro año.