No hay país moderno sin un censo de sus habitantes.

Sin duda, este gobierno es más decente que el de Uribe, que manejaba al país como el capataz autoritario de una finca y no tenía pudor en aceptar alianzas con fuerzas oscuras.

Las tutelas por medicamentos de marca son un ejemplo de la tensión que existe entre la protección del derecho a la salud y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

El paro agrario y el documental 9.70 en el que funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) son filmados destruyendo 62 toneladas de arroz en el Huila, cumpliendo con la resolución 970 de 2010, han puesto el tema de las semillas en el centro del debate público. La principal discusión ha girado en torno a cómo la 970 regula la producción, el uso y la comercialización de semillas en Colombia. El Gobierno la ha defendido a ultranza, tildado de inexacto e infundado lo que muestra el documental y argumentan los campesinos. Pero en lugar de desgastarse rechazando y defendiéndose de las críticas que resultaron ciertas, debería reconocer el error y avanzar hacia una solución que el mismo Gobierno parece estar pensando.

Ahora que la protesta campesina adoptó connotaciones nacionales y exige respuestas de fondo, valdría la pena analizar con cuidado la propuesta de las zonas de reserva campesina (ZRC).

El SITP debería acelerar el proceso adecuación de sus servicios para las necesidades de los bogotanos con discapacidades físicas.

Eso es lo que nos recuerdan las protestas campesinas y las campañas urbanas que las apoyan, como #YoMePongoLaRuana en Twitter.

Muchos individuoos dividían las tierras en pequeños segmentos para que sus amigos y familiares las reclamaran al Gobierno de conformidad con lo permitido por la ley.

Se necesitan más pruebas, más financiación y, sobre todo para Colombia, una infraestructura científica y tecnológica que permita hacer algo similar.