Entregamos a la Corte Constitucional un informe sobre las principales vulneraciones en la garantía del derecho al agua, la salud, la alimentación y la participación del pueblo wayúu.

Desde Dejusticia interpusimos una acción de nulidad contra la Resolución 810 que expidió el Ministerio de Salud, pues consideramos que no cumple el objetivo de salud pública, que es advertir al consumidor del contenido de los nutrientes críticos que tienen los comestibles ultraprocesados.

Un grupo de jóvenes guajiros completa un mes sin comer en protesta por el abandono estatal de la niñez wayuu. Contamos esta historia a través de Jefferson, un huelguista que ha vivido todas las caras del hambre.

Si no se excluye la participación, discusión y voto de los congresistas en proyectos de ley o actos legislativos relacionados con quienes financiaron sus campañas, se abre la posibilidad de que ciertos intereses particulares transformen el andamiaje constitucional del Estado por medio de la entrada de finalidades ajenas a los valores y principios democráticos.

Desde hace cinco años las organizaciones sociales vienen impulsando esta política. Las ganancias son muchas: el debate académico y social se ha ampliado, y la gente es más consciente de la necesidad de tener ambientes saludables y acceder a alimentos de calidad.

En el segundo país más biodiverso del mundo, con potencial para convertirse en una de las reservas alimentarias de América Latina, hay niños y niñas que no tienen acceso a los alimentos y el agua potable suficientes para subsistir.

Infortunadamente se tomó la decisión con menos costos políticos, que ignora la mayoría de aspectos positivos de la reforma pasada, desperdiciando la oportunidad de dar pasos a la reforma estructural que requiere el país en materia tributaria.

La inconsistente aplicación de las regulaciones sobre seguridad vehicular y control de emisiones contaminantes se traduce en efectos desfavorables y hasta mortales sobre el derecho a la salud, la vida y el medio ambiente sano de millones de personas. En este documento lo explicamos.

La oferta y publicidad de productos no saludables en las escuelas está asociada a los malos hábitos de consumo que inciden en el sobrepeso y la obesidad infantil.