Desde el año 2011 la Coalición 1325 realiza el Informe de Monitoreo de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el objetivo de hacer seguimiento a la implementación de la Resolución en Colombia. Este año, en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) este informe cobra especial relevancia; pues la Resolución 1325 insta a los Estados firmantes a incluir mujeres en los procesos de paz y postconflicto, y garantizar los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

La propuesta de Iván Cepeda de crear una alianza amplia con candidato presidencial y listas únicas al Congreso es la mejor apuesta que puede hacer la izquierda, no solo por su futuro, sino también por el del país.

La reforma agraria en Colombia, aunque es políticamente sensible, es necesaria para estabilizar el país y terminar con el conflicto que ha asediado a los colombianos por más de cincuenta años. El conflicto interno colombiano ha privado a millones de personas de sus tierras y vidas. Aprobada en el 2011, la Ley de víctimas y restitución de tierras, también conocida como la Ley 1448, es un importante avance en garantizar la restitución a los desplazados por el conflicto.

Es contradictorio que el Gobierno acepte ante la Corte IDH la responsabilidad por dos de las desapariciones del Palacio de Justicia y por las torturas de dos detenidos, pero intente minimizar su responsabilidad frente a los otros nueve desaparecidos o frente a la ejecución del magistrado Urán, diciendo que aquí únicamente hubo otras fallas del Estado, pero no desapariciones ni ejecuciones.

Las injusticias causan guerras pero las guerras, a su vez, causan también injusticias.

La Defensa del Estado en el caso del palacio de Justicia dio un giro importante hacia la decencia al sacar a Nieto Loaiza como abogado

Aunque parezca contraintuitivo, la mejor estrategia política disponible para las Farc es abogar por que el acuerdo de paz incorpore medidas de justicia.

Mientras las políticas agrarias que permiten la concentración de tierras sigan, los esfuerzos de restitución serán insignificantes y pueden llegar a ser contraproducentes

Publicado en : Revista de la Fundación Foro Nacional por Colombia Las negociaciones del gobierno con las FARC en La Habana abren un espacio para nada despreciable para limitar el impacto negativo del narcotráfico sobre la violencia y la democracia en Colombia, por lo que conviene intentar desarrollar ideas que orienten los debates en este campo. El propósito de este artículo es brindar algunas herramientas teóricas y empíricas que puedan ser útiles no sólo para la mesa de negociaciones sino, en forma más general, para la discusión que la sociedad colombiana tiene que desarrollar sobre la relación entre narcotráfico, drogas ilícitas, conflicto armado, democracia y paz.