La pandemia muestra que somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos. El capitalismo, con su capacidad para colmar el planeta, obra como si ningún bien material fuera inalcanzable, como si solo bastara con soñar algo para conseguirlo.

Las decisiones tomadas por el Gobierno en la última reforma tributaria han dejado al Estado sin los recursos públicos necesarios para asegurar el mínimo vital de millones de hogares que dependen de la economía informal y que tienen un gran riesgo de quedarse sin ingresos durante el periodo de la cuarentena impuesta desde el pasado 25 de marzo.

En Colombia, para el caso del ejercicio profesional de la medicina, la Ley 23 de 1981 o Ley de Ética Médica creó los Tribunales de Ética Médica para que conozcan de aquellos casos en que los médicos cometan una falta ética en el ejercicio de su profesión.

El gobierno nacional no debe darle la espalda al campo. La posibilidad de expansión del COVID-19 en las zonas rurales necesita que se implementen de forma rápida planes de contención que atiendan a las condiciones de la ruralidad.

Los controles judiciales y políticos y la vigilancia ciudadana serán decisivos para que las medidas de emergencia no sean abusivas ni caprichosas, sino que estén empíricamente bien fundadas, no sean discriminatorias y busquen realmente combatir la pandemia en forma proporcionada.

En América Latina optamos por el individualismo, en contra del colectivismo, pero nos toca enfrentar las tragedias colectivas de ese individualismo.

Durante los picos de contaminación aumentan las consultas y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, lo que en estos momentos podría desbordar el sistema de salud y amenazar su capacidad de respuesta para atender la emergencia sanitaria.

Con las fronteras cerradas no es posible saber quiénes entran y salen por las trochas, ni mucho menos determinar en qué condiciones de salud están.

No es fácil el desafío del COVID-19 pues es necesario adoptar medidas duras para prevenir contagios, como la cuarentena general, pero que afectan derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de movimiento, y tienen consecuencias económicas negativas, especialmente sobre los más débiles como los trabajadores informales.