El nuevo acuerdo recogió las principales objeciones de los voceros del No, pues sólo en un tema importante (elegibilidad política) no hubo cambios significativos. Pero el nuevo texto mantuvo también la esencia y estructura del acuerdo previo.

Mucho se ha debatido sobre cuál es el mejor acuerdo de paz posible. Humberto de la Calle dijo que el anterior y ahora sostiene que el nuevo. Los sectores más escépticos del No dicen que ni uno ni otro.

La pregunta puede parecer absurda pues jurídicamente Trump fue electo presidente.

Los avances en las tecnologías de la información y de las comunicaciones ofrecen grandes soluciones al desarrollo humano y a la participación democrática.

Era hora de salir de la burbuja que explotó con la victoria de Trump. Sería más reconfortante pensar que millones votaron engañados por un profesional del artilugio, como fue menos doloroso para muchos concluir que los resultados del Brexit o el plebiscito colombiano por la paz fueron sólo embustes de las campañas ganadoras para que la gente “saliera a votar verraca”.

Impulsar el debate sobre una valoración justa del mérito debería ser una tarea importante para el movimiento de derechos humanos, pues varias demandas de grupos minoritarios e históricamente excluidos, como el acceso a educación superior o políticas de acción afirmativa en el empleo, encuentran oposición en argumentos nominalmente meritocráticos.

Dos importantes elecciones judiciales avanzan silenciosamente: la de cinco magistrados de la Corte Constitucional y la de siete miembros de la Comisión Nacional de Disciplina. La primera implica la modificación de la mayoría de la Corte y, con ello, la posible renovación de su jurisprudencia.

State of Privacy is a study led by Privacy International on the state of privacy and surveillance in different countries across the world. This new edition includes reports on 17 countries, including Colombia.

Muchos han criticado la decisión del Gobierno de convocar al plebiscito del 2 de octubre. La ratificación popular no era jurídicamente obligatoria. Incluso algunos, como Montealegre o Ferrajoli, alegan que era jurídicamente cuestionable. Por esas razones, varios, incluyendo al presidente, han sugerido que un eventual nuevo acuerdo no debería someterse a refrendación popular.