La pregunta que hacen todos aquí en Salento (Quindío) es la misma que he oído en boca de alcaldes y líderes sociales de muchos municipios: ¿pueden los títulos mineros otorgados por el Gobierno Nacional pasar por encima de la decisión local de privilegiar otras actividades, como el turismo, la agricultura o la preservación de las fuentes de agua?

Era un día soleado de febrero, y la puerta de entrada de la casa de familia estaba adornada con una cinta morada. En la sala saltaban a la vista las fotos de Juanse, y los cuadros que sus amigos le habían regalado. Hablamos por horas con sus padres y su hermana, conocimos a Juanse a través de la familia que hacía dos semanas había acompañado la partida de su hijo y hermano de 14 años.

El jueves pasado, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria que autorizaría un plebiscito para la refrendación de los acuerdos de paz.

Deberíamos aprovechar este momento en que el país comienza a hacerse preguntas sobre el papel de la cultura en el posconflicto para considerar el tema de manera más amplia.

En Colombia, durante todo el siglo XX, se expidieron leyes agrarias que regulaban la propiedad y la explotación de la tierra, una de las causas más prominentes del conflicto armado. Las más importantes fueron la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961, la Ley 1° de 1968 y la Ley 160 de 1994. Todas, propuestas ambiciosas.  Sin embargo, la implementación de estas leyes ha sido un fracaso.

Existen medios de lucha que son tan atroces que no existe ningún ideal, por noble que sea, que permita justificarlos. El secuestro de civiles es uno de ellos y por ello esta práctica atroz es condenada en forma casi unánime por todos los colombianos. Estos secuestros son además en el derecho internacional un crimen de guerra y, si son cometidos en forma generalizada o sistemática, configuran también un crimen de lesa humanidad.

En Colombia nos metemos muchas mentiras, pero quizá la más cándida de todas es creer que tenemos un país tan grande como lo indica el mapa nacional.

Se sabe, porque la noticia se regó como pólvora, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en crisis financiera.

Dos días después de que en las redes y los medios se viralizara la crisis de la CIDH, se empezó a conocer la reacción de los Estados de la OEA.