Colombia tiene que erradicar su propia guerra contra las drogas y redirigir los recursos para la construcción de democracia y desarrollo en los territorios.

El próximo año se juega la institucionalidad encargada de defender los derechos y la Constitución.

Ha sido un proceso difícil y falta mucho por hacer. Pero las críticas del procurador y del gremio ganadero no tienen fundamento cuando- por el contrario- tendrían que redoblarse los esfuerzos para reparar los daños de una guerra tan brutal.  

Es válido advertir que la restitución de tierras puede afectar a campesinos pobres que ocupaban un predio restituido pues el problema de los “segundos ocupantes” es complejo y merece ser discutido.

El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dijo el martes pasado que las “bacrim” se convirtieron en pequeñas organizaciones criminales que, si bien tienen capacidad de intimidación, no son paramilitares, sino criminalidad pura y simple.

Cuando los historiadores escriban la crónica del gobierno Santos, dirán que el acuerdo con las Farc fue su gran logro y el abandono del medioambiente su gran lunar.

Mientras que Colombia entera busca encaminarse hacia el postconflicto, poniendo las iniciativas de paz en el orden del día, el proyecto de plan de desarrollo “Bogotá para todos” 2016-2019 no toma en cuenta esta apuesta de país.

Necesitamos insistir que ningún usuario de drogas debe ser tratado como delincuente y que la mayoría distan del estereotipo que nos han pintado.

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A estas alturas es probable que ya haya oído usted hablar de los “Papeles de Panamá”. Filtrados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, los papeles incluyen más de 11,5 millones de registros de los archivos de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que ayudó a los políticos, traficantes de droga, deportistas, hombres de negocios y otros clientes ricos a ocultar su riqueza y a evadir impuestos a través de compañías offshore, fondos de inversión y paraísos fiscales.