Algunos lectores, como el columnista Daniel Mera, atacaron mi reciente columna sobre Sudáfrica y Colombia, en donde sostuve que es contradictorio admirar a Mandela y la transición sudafricana y considerar inaceptable el acuerdo sobre justicia y víctimas entre las Farc y el Gobierno.

La defensa de los derechos humanos sigue siendo un tema que despierta pasiones encontradas.

Un antiguo compañero de facultad escribe en un periódico y envía semanalmente sus columnas a los que fuimos parte del curso.

El mal, esa condición que no suele tener adjetivo alguno, lo tuvo en Sudamérica una vez se destaparon las atrocidades del régimen militar en Argentina. 

Alejandro Reyes revivió un debate de la restitución de tierras: cómo determinar qué ventas de tierras se realizaron voluntariamente, a pesar de haberse dado en zonas influenciadas por el conflicto armado.

En las últimas semanas se han producido dos noticias muy interesantes para la causa de exigir la responsabilidad de los actores económicos que apoyaron graves violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto y represión, como es el caso del apoyo de Chiquita Brands a grupos paramilitares en Colombia, o el de empresas argentinas que financiaron y apoyaron al régimen militar. 

Después del guayabo de la fiesta del fin de año, y de la celebración de la posesión de algunos, hoy se despiertan con tareas a cuestas quienes por los próximos cuatro años liderarán los destinos del país en el ámbito regional. Una de ellas será hacer que sea posible promover paz tras un acuerdo con las guerrillas.

Mi personaje del año es Fabiola Lalinde.

El modelo de desarrollo económico rural propuesto por el Gobierno y aprobado este mes por el Congreso favorece la concentración del uso de la tierra a grandes inversionistas.