A solo un mes de la cumbre mundial sobre cambio climático en París, los humanos vamos como la proverbial rana de la olla: flotando en el agua que se calienta lentamente, sin percatarnos de que estamos a punto de hervir.

Los últimos diez años han sido vertiginosos en materia de paz y derechos en Colombia. El país ha convivido con un enorme contingente de desmovilizados, ha visto crecer un dinámico movimiento de víctimas del conflicto y, para dar cuenta de ello, ha sido testigo de la creación y el desarrollo de un sinnúmero de leyes e instituciones oficiales encargadas de cientos de procedimientos para víctimas y excombatientes.

El Procurador quiere matar políticamente al más importante y valeroso senador de la izquierda colombiana.

En mi pasada columna invité a imaginar la paz como un antídoto a nuestra guerra perenne.

Las elecciones regionales de este domingo serán probablemente las más pacíficas de las últimas cuatro décadas. Pero es posible, según dicen los expertos, que también sean las más corruptas de los últimos años.

Entre las infamias de nuestra guerra, una de las mayores, por ser la más opaca, es la desaparición de decenas de miles de personas: los estudiantes y activistas evaporados a manos de los organismos de inteligencia estatales bajo el Estatuto de Seguridad hace 35 años, los “falsos positivos” del Ejército hace unos pocos, los líderes sociales y campesinos disipados por los paramilitares en los noventa, los soldados secuestrados por las Farc que nunca aparecieron. Todos unidos por paraderos inciertos y el sufrimientos de familiares que los siguen buscando.

Los procesos de restitución son complejos, y lo que parece una falsa reclamación, puede ser en realidad un caso típico de despojo previsto por la Ley de Víctimas.

Algunos acusan a la izquierda de todos los males de Bogotá y evocan la época dorada de Peñalosa como el paraíso al que debemos volver.