Si no queremos que terminen en tragedia o en una ruptura democrática, es necesario que en estos días y semanas ciertos actores influyentes, como los empresarios, los medios de comunicación, los académicos, las iglesias, la comunidad internacional o los sindicatos, expresen inequívocamente su compromiso democrático y que harán respetar el resultado electoral, sea éste el que sea.

El campesinado necesita seguridad jurídica sobre la tenencia de sus terrenos y a pesar de que los contratos de uso del suelo intentan dar una respuesta, se deben plantear escenarios deliberativos para usarlos, no simplemente presionar su firma.

A pesar de que la ciudadanía denunció rápidamente en redes sociales la quema de transportes, el confinamiento, el cierre del comercio y las casas pintadas, la fuerza pública y las autoridades civiles brillaron por su ausencia.

Mientras se desarrolla un marco normativo más efectivo, es claro que es necesario seguir visibilizando el impacto de la industria de alimentos ultraprocesados, no solo en la salud sino también en el medio ambiente. 

Basta señalar que si la Procuraduría investiga a un funcionario electo y considera que debe ser destituido o suspendido, entonces que presente el caso ante un juez penal y sea este quien, después de una audiencia con garantías, decida si procede o no la destitución o la suspensión.

Ante este panorama resaltamos el hecho de que las apuestas del movimiento campesino empiezan a tener eco dentro de las propuestas de los candidatos presidenciales.

Durante la pandemia, el Gobierno Nacional suspendió los traslados de personas privadas de la libertad en estaciones de policía hacia las cárceles nacionales, lo que generó hacinamiento en las primeras. Ahora, por decisión de la Corte Constitucional, los municipios y departamentos tendrán la carga de la crisis carcelaria que el Gobierno Nacional se ha rehusado por años a resolver.

Los tres casos que presento en esta columna muestran que, a pesar del grave deterioro del Estado de derecho ocurrido durante el gobierno Duque, podemos decir con algo de esperanza: “Todavía hay jueces en Colombia”.

El incumplimiento de la Ley de Cuotas, sumado a la dilación que implica presentar recursos contra una decisión perfectamente razonable, sugiere que el Gobierno no tiene un compromiso efectivo con la igualdad de las mujeres.