Las autoridades ambientales tienen la potestad de ordenar la demolición de infraestructura que afecte las áreas protegidas, pero cuando esta medida entrañe vulneraciones a derechos humanos, está sometida a ciertos límites.

A pesar de que se han mantenido entre las 10 primeras causas de mortalidad durante los últimos años, ¿por qué en Colombia se tratan los "accidentes de tránsito" como circunstanciales y no como un problema de salud pública?

La suspensión temporal de las patentes, o waiver, es una necesidad pues hoy no se están produciendo suficientes vacunas para que puedan ser repartidas equitativamente a toda la población mundial. Sin embargo, el gobierno Duque ha mantenido frente a esa propuesta de waiver una inaceptable ambigüedad.

Las declaraciones coincidentes de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, contra los jueces penales, en especial los jueces de garantías, son lamentables. Los jueces deben poder decidir, en forma independiente y conforme a derecho, sin temor a represalias. De ello dependen nuestras libertades.

Ante la histórica desidia del Congreso Colombiano en temas LGBT la Corte Constitucional ordenó la creación de la política pública LGBT. 10 años después de esa orden la política pública aún no arranca.

El nombramiento de Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco de la República es una bofetada a las protestas y a la responsabilidad política. El estallido social se desencadenó como respuesta a la reforma tributaria de Carrasquilla. Su renuncia era la mínima responsabilidad política por ese garrafal error, pero ahora termina premiado con un alto cargo de cuatro años.

Muchas víctimas han perdido la esperanza de regresar al lugar de donde fueron desplazadas, lo cual afectará las campañas y elecciones por las curules de la paz.

La sorpresiva y prematura muerte de Yamile Salinas priva a los campesinos, a los indígenas y a los afros de una brillante jurista e investigadora social profundamente comprometida con la defensa de sus derechos.

La tierra que se está formalizando, en su gran mayoría, son “casalotes” y por sus características es casi imposible que puedan ser unidades productivas que permitan a una familia vivir dignamente con lo que allí se produce. Claro, el llegar a tener un título sobre una casalote es importante para la gente del campo, pero el Estado debe ser consciente de que está formalizando pobreza.