La relación entre desigualdad socioeconómica y abuso policial se vio también en Colombia a propósito de las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre, conocidas como el 9S.

La Minga le está exigiendo al Estado colombiano la protección de la vida de sus líderes sociales y de sus territorios, ambos aún azotados por los problemas sociales de principios del siglo XX.

Hoy tenemos una Fiscalía muy diligente en perseguir a una persona por hacer público un acto de censura cometido por Bieri, un amigo del presidente, mientras que esa misma Fiscalía no parece haber visto que Bieri, al usar su cargo para censuar a Los Puros Criollos, pudo haber incurrido en “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”, que es el delito previsto en el artículo 416 del Código Penal… solo tres artículos antes del delito por el que persiguen a Diana Díaz.

A finales de 1945 el inmenso sufrimiento causado por la guerra hizo renacer el sentimiento humanista. Ojalá no tengamos que padecer una catástrofe global para recuperarlo y para que las Naciones Unidas tengan un segundo aliento sobre la tierra.

Una de las principales críticas al nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue su trayectoria como un político desprovisto de experiencia alguna en materia de derechos humanos, y la posibilidad de que se pusiera en riesgo la independencia del SAT.

Defender la salud significa rechazar las inequidades y exigir condiciones de vida dignas.

Mientras con la pandemia el acceso a la justicia se ha visto dificultado en las grandes ciudades, en algunos territorios se ha producido una ruptura casi total entre los usuarios que no cuentan con la capacidad de acercarse a los tribunales y juzgados y estos que no tienen las herramientas para recibir las demandas de justicia adecuadamente. 

La aprobación del Acuerdo de Escazú sería además un mensaje poderoso a los líderes ambientales de que las amenazas en su contra importan al Congreso. Su rechazo significaría que esas muertes y amenazas, que son una de las razones de la minga, no conmueven ni interesan a los parlamentarios.

El Gobierno ve la marcha de los indígenas, y en general toda la protesta social, con una mezcla de displicencia y antipatía, y cuando se refieren a las masas inconformes que salen a las calles y las carreteras, solo se les ocurre decir que todo eso está orquestado por una criminalidad mafiosa o subversiva. Para ellos la protesta legítima no existe, como tampoco existe el conflicto armado.