La legislación y la jurisprudencia de otros países muestran esfuerzos considerables para aprovechar el potencial que tiene la divulgación de los intereses privados de funcionarios públicos como una herramienta anti-corrupción. En contraste, Colombia está aún en mora de adoptar estas reformas y pronunciamientos judiciales.

Es un deber ciudadano exigir que la cabeza de la Fiscalía sea modelo de moralidad pública y ofrezca garantías de imparcialidad judicial reales y aparentes.

El gobierno lanzó en diciembre una política de drogas que enuncia “futuro”, pero en realidad solo anuncia la insistencia de viejas y fallidas estrategias.

Hoy en día nos parece natural tener y viajar con pasaportes y visas, pero hace menos de un siglo las fronteras sólo separaban a los países en los mapas.

Está claro que no se trata de ilícitos individuales, aislados o esporádicos, sino que hay múltiples procesos de infiltración, captura y cooptación de diversas instituciones públicas y privadas, con estructuras tanto criminales como legales.

La reforma del Gobierno agravó el problema de las exenciones fiscales pues creó nuevas exenciones, sin justificaciones claras, que pueden costar unos $9 billones, con lo cual tenemos ahora un sistema tributario aún más inequitativo e ineficiente que el que existía antes.

Estos son los cálculos estadísticos realizados por Dejusticia y Human Rights Data Analysis Group. Más que números, este es un llamado a detener estos homicidios.

Lejos de ser un asunto de autocuidado y del que podamos hablar en la cotidianidad con la misma naturalidad con la que hablaríamos de una enfermedad física, la salud mental es algo sobre lo que preferimos guardar silencio pues sobre el tema pesa cierto miedo, vergüenza y prejuicios colectivos.

El interés privado que tiene esta compañía de que no se afecten sus ganancias hace que la empresa quiera a toda costa evadir un sistema tributario que promocionaría entornos alimentarios más saludables.