Todo indica que en Naciones Unidas el campesinado cuenta, y mucho, pero que en Colombia cuenta tan poco que ni siquiera quieren contarlo.

La consulta previa no siempre ha funcionado bien. Pero en la mayoría de los casos ha sido la única herramienta que tienen las autoridades y pueblos étnicos para hacer valer sus derechos.

Si el gobierno actual quiere lograr impactos de largo plazo en la reducción de cultivos de uso ilícito, no solo se debe enfocar en fortalecer el programa de sustitución, sino en generar cambios estructurales en las regiones afectadas y una disminución de la pobreza para abrirle nuevas alternativas de vida a los campesinos.

Preocupa que la Alcaldía y el IPCC tiren la toalla en su papel animador de este proceso ciudadano, y se devuelvan al viejo modelo que pone lo público al servicio de lo privado, amenazando los avances en el fortalecimiento del sentido cultural, histórico y patrimonial de la fiesta.

La producción agroindustrial a gran escala suele justificarse como un medio efectivo para garantizar la seguridad alimentaria del país, pero algunos datos demuestran que funciona como coartada para otros intereses.

Muchos de los luchadores, como se hacen llamar los familiares de las víctimas de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón, no están pidiendo para los victimarios largas penas de cárcel, sino que están reclamando que la verdad sea establecida y que los perpetradores asuman su responsabilidad.

La semana pasada la temida empresaria del chance de la Costa Caribe Enilse López, conocida popularmente en el país como “La Gata”, pidió pista a la JEP para que se estudiara la condena por concierto para delinquir con fines de paramilitarismo y homicidio que la tiene viviendo una condena de 37 años.

La identidad de los líderes sociales amenazados no se limita a su pertenencia a un consejo comunitario o una junta de acción comunal. Son madres cabeza de familia, aficionados al fútbol, organizadores de bailes y bazares. Como los demás.

La implementación del Código de Policía no parece haber cambiado mucho el número de peleas en parques de Medellín, y en cambio sí ha afectado la apropiación de sitios culturales históricos.