Hace dos años se cayó un proyecto de ley que buscaba regular el cabildeo o lobby en espacios de toma de decisiones esenciales para todos los colombianos, como el Congreso. Hoy, esta práctica está parando proyectos que buscan promover regulaciones en la industria de alimentos y bebidas azucaradas.

Es triste que el Congreso no haya aprobado masivamente las 16 circunscripciones especiales. Es una tristeza que la resistencia de ciertos partidos frente a la ampliación de la democracia sea tan grande que estemos haciendo hoy estas cuentas y argumentos. ¡Qué mezquindad frente a las víctimas!

Es cierto que el NL, como cualquier ideología influyente, no habría perdurado tanto tiempo si no tuviese un núcleo de verdad. El problema es la combinación de esas verdades con el dogma y la fantasía.

Casa Grande Caribe, la iniciativa donde confluyen academia, entidades privadas, y otros actores de la sociedad civil, que toma su nombre de la novela “La casa grande”, de Cepeda Samudio, permitió que casi 500 personas nos encontráramos en Santa Marta para cerrar un ciclo de discusiones previas realizadas en cada uno de los ocho departamentos. Como resultado de ese encuentro firmamos un compromiso para promover el avance regional en cinco áreas: educación, nutrición, salud, saneamiento básico, y financiamiento y calidad del gasto.

Para romper el silencio de la violencia sexual hay que “comenzar por creerles” a las víctimas. También aplicar normas internacionales como el Estatuto de Roma contra la violencia de género, que dejan claro que el silencio o la falta de resistencia no implica consentimiento al abuso.

Más importante que el mensaje simbólico que pretendió dar el Congreso al aumentar las penas frente a la violencia sexual contra niñas y niños es que exista efectivamente verdad y justicia.

El 91.1% de Cartagena es rural: son 551 kilómetros cuadrados en los que según el SISBEN viven unas 70.000, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Allí, la pobreza extrema cuadriplica los registros de la cabecera urbana.

Los retrasos en la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, están acortando el tiempo para garantizar espacios de participación efectiva de las comunidades, y pueden llevar a que este ejercicio ciudadano se cruce peligrosamente con las campañas electorales.

La propuesta del Ministerio de Justicia, un proyecto de ley que regula el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores de coca, marihuana y amapola, propone una rebaja de penas permanente para el delito de cultivo y conservación de estas plantas. Esta reforma es un avance urgente y necesario hacia la reforma a la política de drogas.