El Derecho Internacional Humanitario debería llevarnos a solidarizarnos con las víctimas tanto en Israel como en Gaza y a exigir, en el corto plazo, la liberación de los rehenes por Hamás y el fin del bloqueo a Gaza y de los bombardeos indiscriminados por Israel.

La búsqueda, identificación y entrega de restos de las víctimas requiere de la confluencia de distintas entidades, lo que no se ha dado de la mejor manera. Esto ha dado lugar a problemas de acceso a la información y de eficiencia en los procedimientos técnicos de identificación de restos.

Es vital que, además del etiquetado, se implementen de manera complementaria políticas e iniciativas como ambientes escolares saludables o el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Las ternas deben promover el principio de diversidad. En un país profundamente desigual, en el que las mujeres, personas LGBTIQ+ y las personas racializadas han estado excluidas de los altos cargos de la rama judicial, este principio es fundamental.

Es primordial que se prioricen las afro-reparaciones en la agenda de la región, como mecanismo para cerrar la brecha racial, promoviendo acciones y oportunidades que busquen mejorar la calidad de vida de los afrodescendientes.

Son necesarias acciones afirmativas para romper ese techo de cristal, como una terna de solo mujeres para fiscal, por la evidencia de que la Corte Suprema ha tendido siempre a escoger a los hombres.

En este conflicto van ganando los que cargan las banderas del nacionalismo intransigente y de la religiosidad fanática. Lo lamentable del asunto es que son una minoría en Israel y muy probablemente también lo son en Palestina, donde muchos, por presión, apoyan a Hamás pero preferirían que la Autoridad Palestina los gobernara.

Los habitantes de Providencia y Santa Catalina, principalmente raizales, sufren por la escasez y calidad del agua, mientras la falta de cisternas acentúa el problema.

Al poner en primer plano los derechos humanos en la política de drogas se reconoce que las personas que consumen, cultivan o están implicadas de algún modo en los mercados de drogas son, ante todo, ciudadanos, no enemigos públicos ni delincuentes.