En medio del riesgo de exterminio físico y cultural a causa del conflicto armado y la violencia, integrantes del Pueblo Awá del departamento de Nariño escriben este manifiesto sobre la vida en el Katsa Su, su territorio, en el que la conexión ancestral ha configurado su labor de defensa y su arraigo. Una historia sobre el cuidado y la pervivencia.

Luego de un año de la pandemia, el Congreso consideró que era necesario restablecer los plazos para responder los derechos de petición, pues el alargamiento de los plazos tiene efectos negativos sobre la democracia. Sin embargo, el Gobierno aún se opone a esta medida.

Resulta histórico que la JEP haya acreditado como víctima del conflicto armado al Gran Territorio del pueblo Awá, “Katsa Su”. Esta decisión abre un debate sobre la brecha y los choques entre los estándares internacionales de derechos indígenas, y el derecho propio de los pueblos indígenas fundamentado en sus cosmologías.

Es un error concluir que las las administradoras de fondos de pensiones y cesantías están obligadas a acoger las ofertas públicas de adquisición únicamente porque el precio ofrecido es mayor a la cotización en bolsa.

La procuradora Margarita Cabello invocó el artículo 116 de la Constitución, que “excepcionalmente” permite que la ley atribuya funciones judiciales a autoridades administrativas, y pidió que el Congreso otorgara atribuciones judiciales a ciertos empleados de la Procuraduría. Estas "soluciones" descabelladas nos saldrán muy costosas, tanto presupuestal como institucionalmente.

En vez de oír las recomendaciones de estos tres equilibrados informes de derechos humanos, Duque los rechaza y adopta un enfoque autoritario frente a la protesta. Es el estilo típico de Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela. Es el duquechavismo.

La mala calidad del servicio de agua en Santa Marta ha supuesto una grave amenaza a la salud pública de la ciudad y ha puesto en riesgo la sostenibilidad del servicio.

Estos seis síntomas autoritarios de ese “castrochavismo” que tanto denuncia el uribismo se han materializado durante el gobierno Duque. No estamos igual que Nicaragua o Venezuela, pero nos vamos pareciendo. Duque nos lega un Estado de derecho profundamente deteriorado.

Ser mujer e involucrarse con las drogas es una combinación trágica en Colombia. Sin embargo, en los recientes debates presidenciales, las candidatas y candidatos patinaron en esta pregunta: ¿cuál sería el enfoque de género en su política de drogas?