La pandemia COVID-19 es un desafío monumental. Aunque su letalidad no es tan alta como la del SARS o del ébola, COVID-19 está creciendo exponencialmente debido a que este coronavirus es más contagioso. Si no se toman medidas de prevención, el número de infectados se dobla en muy pocos días.

Sólo tres de cada diez personas confían en el Gobierno; la mitad solamente confía en los medios de comunicación y seis de cada diez piensan que el sistema capitalista ha fallado.

Que las mujeres filósofas no tengan protagonismo en nuestros libros del colegio o en la lista de lecturas de la universidad no es circunstancial. Como en otros campos, a las mujeres se les ha prohibido participar de estos espacios, e incluso, cuando lo hacen, son burladas o ignoradas por incluir sus voces.

Si todo eso es tan positivo, ¿por qué este operativo deja tan mal sabor? Y la respuesta es simple: porque incluso si buscara todos esos nobles propósitos (a veces dudo que los busque), ese operativo no parece eficaz, justo ni cumple adecuadamente con la sentencia 4360 de la Corte Suprema.

Si Aguirre leyera esto me diría que sí, que muy triste todo, pero que esta historia solo me interesa a mí y a mis hermanos. Puede ser; sin embargo, hoy creo que la regla contra el yoísmo tiene sus fisuras.

Una alternativa relativamente fácil de implementar en el sistema jurídico colombiano, que no tiene mayores riesgos y que además, es poco costosa. Y existiendo alternativas, el dilema se disuelve. No tenemos que adoptar tecnologías de reconocimiento facial. Deberíamos en cambio evaluar sosegadamente cuáles son los impactos positivos y negativos de las opciones

Después de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con las Farc, el principio de unidad territorial sigue siendo la bandera del movimiento indígena para afrontar el exterminio físico y cultural que padecen sus comunidades.

El presidente Duque atacó duramente el informe anual de la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), argumentando que era impreciso pues, por ejemplo, no reconocía avances en la implementación de la paz o en la investigación de los asesinatos de líderes sociales, ni condenaba suficientemente las atrocidades del Eln.

Empiezo por decir que las declaraciones de la vicepresidenta me parecen desafortunadas. El número de sociólogos en el país es muy bajo; en 2018 sólo se graduaron 542, mientras que el número de abogados (la profesión de la vice) fue de 18.000. En ese mismo año se graduaron un poco más de 13.000 psicólogos.