Opinión

La fórmula de integración del Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), que reemplazaría al desacreditado Consejo de la Judicatura, y que fue aprobada en séptimo debate, es un tris mejor que la que venía, pero sigue siendo bastante mala, pues no prevé que haya en el autogobierno judicial voces externas independientes de los jueces y magistrados.

El miércoles pasado salí de Bogotá en carro hacia Nocaima, un pueblo en el occidente de Cundinamarca.

Las 83 muertes de la avalancha en Salgar eran anunciadas y evitables. Hace tres años se sabía que el río y la quebrada se rebosarían más temprano que tarde.

El regreso de Rojas Ríos parece complicar la legitimidad de la Corte. Pero las lecciones de la historia de esta crisis parecen mostrarnos otra cosa.

Yo sostendría que no solo la centralidad de este asunto en el UPR sino también la manera directa como fue tratada es gracias al movimiento #BlackLivesMatter.

Con energía renovable no solo logran reducir los daños al medio ambiente y la probabilidad de incurrir en conflictos ambientales, sino que también permiten que las personas, tanto marginadas como no marginadas, tengan acceso a energía limpia y menos costosa.

La reforma al gobierno judicial contenida en el proyecto de equilibrio de poderes tiene elementos positivos pero también “detalles” muy graves que, de no corregirse en esta recta final, no sólo frustrarían su potencial modernizador sino que implicarían incluso un retroceso.

EL CIENTÍFICO SUIZO OSCAR FOREL dijo alguna vez esto: “Quienes creen en el progreso están expuestos a lamentarse de haber nacido demasiado pronto”.

AUNQUE LEJOS DE SER PERFECTA, la reforma a la justicia que cursa en el Congreso trae cambios positivos e importantes que hay que mantener y mejorar.