Opinión

Observamos un país que ha cambiado, pues cada vez más se fortalecen sectores sociales que le apuestan a la resolución de los conflictos mediante las vías democráticas y el diálogo, poniendo así la primera piedra para la reconciliación.

Esta indiferencia política y ciudadana frente a la suerte de un proyecto bien orientado parece mostrar una profunda indiferencia o, incluso, repugnancia frente a los presos y su terrible situación: son los olvidados de la política criminal.

Si el fortalecimiento de la participación ciudadana en los territorios es una apuesta de este Gobierno, los diseños institucionales para informar a la gente deben replantearse.

No parece que nuestra democracia esté en grave crisis: quien ganó las elecciones ocupa la presidencia y busca implementar su programa electoral, pero respetando el marco constitucional, y las fuerzas derrotadas entran a hacer oposición sin que haya evidencias de conspiraciones golpistas.

Al final de su vida, Alain Touraine parece haber perdido la esperanza en una sociedad más democrática y justa, debido all debilitamiento de los movimientos sociales, el regreso del populismo y la atomización de la izquierda en grupos más interesados en la defensa de su identidad que en el rescate de la sociedad.

Es vital el reconocimiento y preservación de nuestra riqueza natural y tradiciones gastronómicas propias como una herramienta de la lucha contra la inflación y el hambre. Mientras tanto, aprovechar los productos que más han bajado.

Esta semana se dio un extraordinario avance en el país. Se trata de la reforma que reconoció al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Esta reforma es un instrumento jurídico poderoso para superar esta intensa discriminación sufrida por esta población.

Si Colombia quiere seguir promoviendo una migración segura, ordenada, regular y con enfoque de derechos humanos en la región, es necesario que establezca vías de regulación permanentes, accesibles, gratuitas o de bajo costo para la población migrante en situación irregular.

Aunque el Gobierno Petro ha mostrado voluntad para implementar las medidas de seguridad del Acuerdo Final de Paz que buscan proteger a los líderes sociales, no es claro cómo las mismas se articulan con la Paz Total, la apuesta principal en materia de seguridad.