El Gobierno Duque, que ha avanzado mucho en ciertos componentes de la reincorporación de excombatientes, tiene hoy la oportunidad de superar la terrible falla en la garantía de seguridad y la vida de los reincorporados. Es la obligación mínima que asume el Estado en cualquier proceso de paz. Esta oportunidad no puede desaprovecharse.

La BAPP, como un escenario de memoria histórica y un archivo de los procesos de paz, es un espacio vivo en construcción que nos concierne y nos pertenece a todas y todos.

¿Cómo agenciar una comprensión de lo que el pueblo Awá entiende por reparación desde la justicia transicional? ¿Cómo subsanar el margen de imposibilidad que supone este tipo de traducción intercultural?

Es importante que la Corte Constitucional haya reconocido la necesidad de reforzar la participación ciudadana en relación con las comunidades que puedan resultar más afectadas por las actividades, obras o proyectos de impacto grave en el medio ambiente y, en consecuencia, en sus derechos fundamentales. Pero lo cierto es que no tenemos claro el contenido normativo de qué sería esto.

A propósito de las declaraciones del exgobernador de Córdoba y su participación en delitos del conflicto armado, un repaso del manejo de terceros civiles en la JEP y los desafíos que enfrenta.

Estamos frente a un nuevo Chicoralazo de nefastas consecuencias. Por eso creo que un criterio mínimo para votar en las próximas elecciones debe ser apoyar a candidatos que busquen revertir este Chicoralazo y cumplir plenamente el Acuerdo de Paz, en especial la RRI, que beneficia no sólo al campesinado sino a todo el país.

En el marco del Caso 02 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que prioriza la situación territorial del pueblo Awá, es relevante que su Sala de Reconocimiento no pierda de vista cómo los hechos del conflicto han afectado directamente a las mujeres de este pueblo.

Hoy es el turno de Natalia Ángel para nutrir el debate constitucional con su perspectiva feminista, académica y profesional. Posiblemente esto conlleve a una tendencia más garantista para las mujeres, y humanista por parte de la Corte Constitucional, a través de los fallos que tendrá a su cargo como ponente.

Cuando se acordó el Pacto de Chicoral, Colombia desperdició la oportunidad de satisfacer los reclamos campesinos por la tierra y de evitar décadas de conflicto armado y violencia. Una situación muy parecida a la que estamos viviendo hoy con esa resistencia de élites semejantes a la reforma rural del Acuerdo de Paz.