Opinión

Mientras se desarrolla un marco normativo más efectivo, es claro que es necesario seguir visibilizando el impacto de la industria de alimentos ultraprocesados, no solo en la salud sino también en el medio ambiente. 

Basta señalar que si la Procuraduría investiga a un funcionario electo y considera que debe ser destituido o suspendido, entonces que presente el caso ante un juez penal y sea este quien, después de una audiencia con garantías, decida si procede o no la destitución o la suspensión.

Ante este panorama resaltamos el hecho de que las apuestas del movimiento campesino empiezan a tener eco dentro de las propuestas de los candidatos presidenciales.

Durante la pandemia, el Gobierno Nacional suspendió los traslados de personas privadas de la libertad en estaciones de policía hacia las cárceles nacionales, lo que generó hacinamiento en las primeras. Ahora, por decisión de la Corte Constitucional, los municipios y departamentos tendrán la carga de la crisis carcelaria que el Gobierno Nacional se ha rehusado por años a resolver.

Los tres casos que presento en esta columna muestran que, a pesar del grave deterioro del Estado de derecho ocurrido durante el gobierno Duque, podemos decir con algo de esperanza: “Todavía hay jueces en Colombia”.

El incumplimiento de la Ley de Cuotas, sumado a la dilación que implica presentar recursos contra una decisión perfectamente razonable, sugiere que el Gobierno no tiene un compromiso efectivo con la igualdad de las mujeres.

Ahora que los candidatos sacan a relucir los trapitos de la corrupción, deberían proponer fórmulas reales para combatirla. Un análisis sobre el manejo de la corrupción en el gobierno Duque, y en las propuestas de Petro y Fico.

Al menos 3.600 millones de personas viven en situación de enorme riesgo climático, un riesgo que acentúa, a su vez, la enorme desigualdad global. Por ello, el papel que desempeñe el arbitraje de inversiones en la resolución de disputas relacionadas con el clima está en el centro de la discusión. 

La emergencia humanitaria que padecen los líderes sociales, sus familias y sus organizaciones no da espera. A ellos el Estado les debe acciones efectivas, concretas y articuladas que protejan su vida e integridad personal; y una verdad judicial que revele responsabilidades y otorgue sanciones ejemplares, porque este es un escenario que nunca ha debido ocurrir.