El magistrado Carlos Bernal llegó a la Corte Constitucional para defender una agenda cristiana que supedita la Constitución al Antiguo Testamento, renunció a su cargo después de tres años para salir a litigar con EPM, y desconoce sus propios principios, saliendo por la misma puerta que antes condenaba.

La de Mario es una de las muchas historias que seguro no es de las más dramáticas, pero un buen ejemplo de la necesidad de insistir en la implementación de políticas sociales serias, que garanticen el mínimo vital de los hogares más vulnerables.

Migración Colombia expulsó 59 refugiados venezolanos con el argumento de que habían participado en “actividades que pondrían en riesgo el orden público y la seguridad nacional”. El problema de estas expulsiones ‘discrecionales y soberanas’ es que se han convertido en la regla y no en la excepción.

Colombia se enfrenta al punto más crítico de la lucha contra la Covid-19: en un lado, nuestro sistema de salud alcanzará en breve su máxima capacidad; en el otro, también se enfrenta a grandes retos sociales y económicos para atajar el avance del enemigo invisible y escurridizo.

El llamado a una constituyente para suprimir las cortes suena a revanchismo contra la Corte, que no ayuda a tener una mejor justicia en Colombia.

La falta de buena disposición para aceptar las reglas de juego institucionales con independencia de sus implicaciones es, a mi juicio, un gran obstáculo para el avance de la democracia en Colombia y por eso, viendo tanta euforia y tanta indignación por la detención del senador Uribe, lo que yo siento es más bien preocupación.

La teología de la liberación rescata el valor que tienen las religiones del mundo cuando se usan sus enseñanzas espirituales para fundamentar las luchas sociales, y así construir una sociedad más justa.

Devolver las tecnologías al debate público, con transparencia y sin miedo, es un imperativo. De no hacerlo, se escaparán de la órbita de los debates democráticos.

A la situación de emergencia desatada por la covid-19, la incertidumbre sobre el futuro y los impactos negativos que ya padecemos no puede añadirse el deterioro de las garantías de los derechos fundamentales.