Esta es la primera de dos entregas sobre la amenaza a los derechos territoriales de la comunidad negra de Barú. La segunda entrega saldrá el 3 de junio.

Algunos de los mejores economistas y constitucionalistas del país, junto con Dejusticia, presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra el Estatuto Tributario, porque necesitamos un pacto fiscal que permita la adopción de un estatuto tributario progresivo para lograr una sociedad más democrática y más justa.

Todos hemos sido testigos de peleas desbordadas, que evolucionan como ruedas sueltas, sin que nadie, ni siquiera los protagonistas, las puedan detener. Las consecuencias de este aluvión en la política pueden ser muy graves.

En lugar del Gobierno o de una aplicación, hablemos de certezas en estos tiempos de incertidumbre. Recurramos a lo más simple, quizá obvio para muchos, pero también lo más firme, como base para navegar estos tiempos de pandemia.

La pandemia tiende a reforzar las desigualdades, pero es también una gran oportunidad para enfrentar problemas que hasta ahora eran temas vedados en la agenda política, como nuestra extrema desigualdad y la regresividad de nuestro sistema tributario. Esta oportunidad tiene que ser aprovechada.

Tal vez soy un nostálgico de la soledad y por eso estimo que la estamos malogrando con el trabajo sin descanso y el entretenimiento sin substancia. Tal vez deberíamos ser más conscientes de que la meditación, las religiones y la filosofía también obedecen a la necesidad que tenemos los seres humanos de encontrarnos con nuestro yo interno y de darle un sentido íntimo a lo que hacemos.

La ciudad necesita de una Secretaría de Hacienda que presente a la ciudadanía un plan de priorización de inversión de recursos y recaudo de los mismos, que esté conectada a las discusiones nacionales de renta básica para garantizar el derecho al mínimo vital a las personas en situación de pobreza extrema durante la cuarentena.

Es ingenuo pensar que por el hecho de que los decretos mencionaran el respeto a la autodeterminación de las personas y la aplicación del principio de buena fe, se protegería de cualquier tipo de violencia a personas trans y aquellas que no se autoidentifican ni como hombres ni como mujeres, también conocidas como personas no binarias.

La laicidad es entonces un principio fundamental de una democracia pluralista, pues es indispensable para que personas de distintas confesiones religiosas, o que son ateas o agnósticas, puedan convivir pacíficamente y respetarse como seres humanos, a pesar de sus diversas creencias.