Por una producción de carne sostenible y libre de deforestación

El Proyecto de Ley 261 de 2024, conocido también como «Ganadería libre de deforestación», avanza en el Congreso de la República en Colombia. El pasado 19 de noviembre fue aprobado en el tercero de los cuatro debates que requiere para convertirse en ley. Su objetivo principal es proteger la selva amazónica mientras que a su vez se promueve una ganadería sostenible, a través de, por ejemplo, crear un sistema de trazabilidad, para hacerle seguimiento a cada animal desde su lugar de origen hasta el final de cadena productiva, y así garantizar que la producción y comercialización de carne bovina no provenga de zonas deforestadas.

Dejusticia y el Programa de Colombia y Perú del Center for Climate Crime Analysis (CCCA) entregamos al Congreso aportes académicos sobre el proyecto. Durante varios años, ambas organizaciones hemos investigado el vínculo entre la ganadería y la pérdida de bosque en la Amazonía, y cómo la falta de información clara y verificable facilita que el ganado proveniente de áreas deforestadas entre a la cadena comercial sin control. 

Con base en estos hallazgos, resaltamos que la iniciativa legislativa es valiosa para superar los vacíos y presentamos una serie de recomendaciones para fortalecerla.

Garantizar el acceso real a información pública y ambiental

Hoy existe poca transparencia y calidad en los datos sobre predios ganaderos, movimientos de ganado y zonas deforestadas y, por el contrario, son muchas las barreras que persisten para acceder de manera efectiva a esta información: como la falta de interoperabilidad entre los sistemas y la dispersión de los datos y las competencias entre varias entidades públicas y privadas. Esto hace difícil que las entidades del Estado y la ciudadanía puedan vigilar la cadena de suministro. Sin embargo, las investigaciones dan cuenta de que existe un alto riesgo de que parte de la carne que se compra en los supermercados provenga de ganado que se encuentra en áreas protegidas.

Recomendamos que el proyecto adopte plenamente los estándares de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) y del Acuerdo de Escazú, para que la información sea pública, accesible, verificable y producida con calidad. En Colombia, el acceso a la información pública es un derecho fundamental y no basta con que se apunte a la resolución de los problemas técnicos, sino que se debe garantizar el reconocimiento del estándar constitucional respecto a la  calidad, es decir, generada a tiempo, estar verificada, tener todos los datos suficientes, y garantizar que pueda ser usada nuevamente, entre otros.

Incluir los estándares del Acuerdo de Escazú

Este acuerdo reconoce que toda información ambiental debe ser accesible para la ciudadanía, independientemente de si la maneja una entidad pública o un actor privado. Esto fue también reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en la Sentencia T-534 de 2024, que reafirmó que existe una relación directa entre la actividad ganadera y la deforestación. Por eso, pedimos que el proyecto incorpore procedimientos claros para garantizar ese acceso.

El Acuerdo de Escazú entiende como información ambiental cualquier información relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales. Por ende, la información que se produce y recopila en el marco de la cadena de suministro de carne bovina, es en efecto información ambiental. 

En ese sentido, los sujetos intervinientes en el marco de la cadena de suministro de carne bovina están obligados por las normas de transparencia que contempla Escazú a entregar la información y que esta sea de calidad.

Mejorar la identificación de predios y del ganado

Hoy no existe información precisa sobre la ubicación real de muchos predios pecuarios ni del ganado que se cría en ellos, si bien existen registros específicos, estos no contienen información que dé cuenta de la distribución del predio en el espacio ni de sus linderos. Esto permite prácticas como el “lavado de ganado”, en las que animales provenientes de zonas protegidas se mezclan con otros para ocultar su origen. El proyecto avanza al proponer contar con información detallada sobre los predios ubicados en zonas deforestadas, pero no señala de manera explícita qué se entiende como “información detallada”, por lo que recomendamos ampliar y reglamentar mejor estos procedimientos. 

Reconocer que plantas de beneficio y operadores del sistema también deben entregar información

Las plantas de beneficio y los operadores habilitados por el ICA cumplen funciones públicas y, por lo tanto, deben ser considerados sujetos obligados a entregar información pública. Esto es clave porque son actores centrales en la trazabilidad del ganado y la carne que llega al consumidor. También asumen las mismas obligaciones que otras entidades públicas: divulgación, respuesta y producción de información, con la diferencia que únicamente será sobre la función pública o el servicio público que presten y no sobre la totalidad de sus actividades.

Muchas plantas de beneficio también han operado muy por encima de su capacidad autorizada. Por eso, insistimos en fortalecer los controles y clarificar competencias entre las entidades que vigilan la cadena ganadera. 

Aclarar quién es responsable de integrar la información ambiental y sanitaria

Aunque existen múltiples sistemas de información, no hay una entidad encargada de unir los datos sobre deforestación, predios, movimientos de ganado y origen de la carne. Sin esta integración, es imposible garantizar una trazabilidad completa. El proyecto puede ser una oportunidad para definir esas competencias.

Con estos aportes buscamos que la regulación avance hacia un sistema de trazabilidad robusto, transparente y alineado con los estándares de justicia ambiental, de modo que la producción de carne en Colombia contribuya a proteger los bosques y a cumplir los compromisos climáticos del país. Para ello, el proyecto debería precisar, por ejemplo, protocolos de divulgación activa, formatos culturalmente adecuados y mecanismos de exigibilidad frente a los sujetos obligados, garantizando que la información no solo circule entre entidades estatales, sino que llegue en condiciones de calidad y oportunidad a la sociedad civil que debe ejercer control democrático sobre la cadena de suministro.

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