Reparación histórica a los pueblos africanos y afrodescendientes: retos y perspectivas para su implementación

La lucha y la defensa por las reparaciones históricas no constituyen un proceso reciente; por el contrario, se trata de un proceso reivindicatorio que se remonta al siglo XV, momento en que las personas africanas fueron secuestradas y trasladadas por la fuerza a las Américas para ser esclavizadas. Desde entonces, los debates en torno a las reparaciones históricas han sido constantes y han ocupado un lugar central en la política racial de la diáspora y del continente africano, particularmente desde la llamada era del imperialismo de finales del siglo XIX  hasta nuestros tiempos.

El eje central de las reparaciones históricas es la atención y resarcimiento de los daños ocasionados por la trata transatlántica, la esclavitud y el colonialismo. En este sentido, las reparaciones han encontrado fuerza y respaldo en escenarios de diálogos multilaterales como la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (2001). En este espacio, las reparaciones adquirieron proyección política global y fueron planteadas con vehemencia en la Declaración y el Plan de Acción de Durban de 2001, lo que representó un hito al reconocer la esclavitud y la trata transatlántica como crímenes de lesa humanidad, cuyos efectos continúan contribuyendo a las desigualdades sociales, económicas, políticas y simbólicas del presente, así como la necesidad imperativa de adoptar medidas de reparación integrales.

Para avanzar en el propósito de una reparación histórica eficaz, se requiere una interpretación amplia, objetiva y justa del derecho internacional que permita a los Estados europeos reconocer su responsabilidad histórica y asumir procesos efectivos de reparación frente a los territorios que fueron colonizados. Esto implica concebir las reparaciones como un cimiento fundamental en el activismo de los derechos humanos, situando a los pueblos africanos y afrodescendientes en el centro del proceso y no como sujetos aislados.

Hablando de reparaciones históricas en Colombia

En el mes de septiembre de 2025, Dejusticia y el Centro de estudios Afro Diaspóricos – CEAF de la Universidad ICESI, organizaron un evento académico sobre este tema, Diálogos sobre reparaciones históricas: análisis en el marco del Decenio Afrodescendiente y el derecho internacional. En ese espacio, reflexionamos sobre la urgencia de avanzar hacia una reparación histórica integral para los pueblos africanos y afrodescendientes. Presentamos acá los principales nodos de debate planteados en el evento, que nos permiten pensarnos un futuro en que las reparaciones sean una realidad y no una utopía.

Las consecuencias de la esclavización y el colonialismo siguen vigentes y condicionan la realidad actual. Es lo que afirman Esther Ojulari, directora del Centro de Innovación en Justicia Étnica-Racial de Género y Ambiental, Baobab, y Ana Margarita Gonzáles, coordinadora del Grupo de Justicia Étnico-Racial de la Vicepresidencia de Colombia. Sus impactos físicos, psicológicos, espirituales y culturales son daños intergeneracionales que continúan afectando la identidad y la salud colectiva de los pueblos afrodescendientes.

Al mismo tiempo, persisten profundas inequidades estructurales a nivel social, político, económico, ambiental e institucional que perpetúan formas históricas de exclusión. Por lo tanto, es imperativo exigir una conexión explícita entre pasado y presente en los procesos de reparación, de modo que estos se traduzcan en acciones concretas de reconocimiento, transformación y sanación colectiva.

Por ello, en palabras de Maryluz Barragán, subdirectora de Dejusticia,  y de las y los demás panelistas, “la reparación no debe entenderse como una cuenta de cobro del pasado, sino como un proyecto político de futuro”. Es decir, si bien las reparaciones históricas buscan que “los Estados que se vieron involucrados en la trata transatlántica, que promovió el secuestro masivo de africanos para ser traídos a las Américas, haciéndolos víctimas de trabajo forzoso, tratos crueles y otros tipos de violencia, reparen a los descendientes de sus víctimas”, estas acciones también deben referirse al presente y al futuro, de modo que fortalezcan la justicia, la equidad y la sanación de los pueblos africanos y afrodescendientes.

Desafíos para la implementación de las reparaciones históricas

En el espacio, se debatió sobre los desafíos teóricos, jurídicos y políticos a los que se enfrentan las reparaciones históricas: primero, la concepción tradicional del principio de irretroactividad de la ley penal bajo el cual se prohíbe aplicar una nueva ley a hechos sucedidos en el pasado, lo que se traduce en imposibilidad de juzgar la trata transatlántica y la esclavitud de conformidad a la normatividad vigente que la prohíbe y castiga de forma tácita. Segundo, la falta de consenso sobre quién debe reparar, los Estados coloniales o los actuales, las empresas, las iglesias o instituciones financieras; y por último, la dimensión colectiva de las reparaciones en la cual se problematiza el alcance que deben tener las medidas reparativas, ya sean estructurales, económicas, simbólicas o todas.

Acciones transformadoras para superar los retos a los que se enfrentan las reparaciones históricas

Aunque no hay una respuesta absoluta sobre cómo superar los retos a los cuales se enfrentan las reparaciones históricas, surgieron estas sugerencias de acciones transformadoras en distintos niveles: primero, descolonizar el derecho y la hermenéutica internacional; es decir, se requiere una interpretación del derecho amplia, objetiva y justa que permita que los estados colonizadores y poderosos reconozcan y reparen los daños derivados de la colonización y la trata transatlántica.

Segundo, comprender las reparaciones como un proyecto político, lo cual implica considerarlas un cimiento fundamental en el activismo de los Derechos Humanos. Para ello, es necesario articular los tres pilares del Decenio internacional Afrodescendiente, “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, desde una perspectiva de exigibilidad, verdad y transformación estructural. Esto supone que la reparación no sea asumida únicamente por el Estado, sino también por las empresas, la iglesia, y otros actores que han contribuido al daño.

Tercero, según las y los exponentes, hay que entender las reparaciones históricas como un proceso integral, interseccional y contextual. La integralidad se refiere a que la reparación no puede limitarse a una indemnización económica, sino que debe abordar el daño en todas sus dimensiones tanto psicológicas, como espirituales, culturales, territoriales, epistémicas y simbólicas, y se debe construir desde los territorios, con sus propias lenguas, saberes y formas propias de sanación.

Las reparaciones deben incorporar un enfoque interseccional en donde el daño sea comprendido desde la doble opresión racial y de género, reconociendo las afectaciones específicas que sufrieron las mujeres durante la esclavización y el colonialismo, y su rol fundamental en los procesos de cuidado, memoria y sanación colectiva; advierten que sin ellas en el centro del proceso, la reparación queda incompleta.

Finalmente, las medidas reparadoras deben ser contextuales, pues aunque las violaciones a los derechos humanos contra comunidades africanas y afrodescendientes responden a patrones comunes de violencia y deshumanización, sus impactos varían según el país y el territorio, lo que exige respuestas diferenciadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad.

La esperanza de las reparaciones históricas persiste y se fortalece

Este evento evidenció que el debate en Colombia sobre las reparaciones históricas se articula con discusiones internacionales y muestra un fortalecimiento impulsado por los pueblos africanos y afrodescendientes, y por la creciente legitimidad de sus demandas en el campo internacional.

Sin embargo, persisten interrogantes centrales relacionados con la efectiva determinación y materialización de las medidas reparadoras, particularmente aquellas relacionadas con la traducción en políticas públicas, asignaciones presupuestales y mecanismos institucionales que permitan una efectiva garantía y protección de derechos. En este sentido, el debate permanece abierto y depende en gran medida del desarrollo de acciones estatales concretas, de la consolidación de voluntades políticas y en la capacidad institucional, así como, la continuidad de estos espacios de diálogo como escenarios clave para impulsar transformaciones estructurales y sostenibles.