Santiago Pardo Rodríguez es un abogado bogotano, egresado de la Universidad de los Andes, donde también obtuvo una Maestría en Derecho. Complementó su formación con un Master of Science in Law, Anthropology and Society en the London School of Economics and Political Science y un Master of the Science of Law (JSM) en la Universidad de Stanford. Su enfoque profesional abarca el derecho constitucional, los derechos humanos y el acceso a la justicia. Se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, donde participó en la redacción de sentencias relacionadas con derechos fundamentales y reformas judiciales, entre otras.
También trabajó como profesional especializado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde desarrolló estudios empíricos sobre tutelas y elaboró documentos vinculados al conflicto armado. En la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, lideró el equipo responsable del diseño de modelos de evaluación de políticas públicas en seguridad y justicia, además de promover iniciativas de analítica predictiva para mejorar la toma de decisiones basadas en evidencia. Adicionalmente, cofundó y codirigió el Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes, un espacio interdisciplinario que integró a las facultades de Derecho, Diseño e Ingeniería para mejorar el acceso a la justicia en Colombia. Desde esta iniciativa, consolidó alianzas con instituciones como la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y universidades nacionales e internacionales.
Su trabajo incluyó la capacitación de estudiantes y profesionales en metodologías de innovación y la gestión de proyectos financiados por organizaciones internacionales. También trabajó como abogado de proyectos en Women’s Link Worldwide, donde desarrolló estrategias de litigio en derechos sexuales y reproductivos, y en Dejusticia, donde elaboró reportes sobre impunidad en crímenes contra líderes sindicales.
En su rol actual como Defensor Delegado para los Derechos Digitales y la Libertad de Expresión, lidera acciones enfocadas en la protección de derechos fundamentales en entornos digitales, el desarrollo de modelos de alfabetización comunicacional e informacional para poblaciones vulnerables, la implementación de auditorías algorítmicas y el uso ético de la inteligencia artificial en el sector público, así como la construcción de enfoques de derechos humanos en la política pública digital.
