Sentimiento nacional en la isla de Santa Rosa

La isla de Santa Rosa emergió hacia 1950 en el río Amazonas, en la frontera entre Perú y Colombia, y fue poblada principalmente por peruanos, que instalaron puestos de policía y controles migratorios. Con el tiempo, la isla ha venido ensanchándose hacia el lado de Colombia, y, si esto continúa, el brazo de río que la separa de Leticia podría desaparecer, lo que dejaría a la principal ciudad colombiana del Amazonas sin acceso directo al río. El tratado Salomón-Lozano de 1922 entre ambos países delimitó la frontera amazónica y repartió entre ellos las islas existentes en el río Amazonas, pero en las últimas décadas han aparecido nuevas islas, como Santa Rosa, sin que se haya suscrito un nuevo tratado que regule su soberanía. Esta situación ha provocado una tensión entre Perú y Colombia, que si bien lograron resolver el pleito fronterizo hace un siglo, hoy enfrentan desafíos adicionales, como los cambios geográficos del río asociados a la emergencia climática, y los líderes populistas a ambos lados de la frontera.

En junio de 2025, el Congreso peruano aprobó una ley en la que se adjudica la isla y la nombra “Santa Rosa de Loreto”, desconociendo el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, suscrito por ambos países, que establece que cualquier situación nueva de fronteras debe resolverse a través de un acuerdo bilateral. Colombia reaccionó en clave patriótica y Perú respondió con un nacionalismo aún más intenso. En Colombia, el presidente Petro dijo que Perú había “copado” territorio colombiano y trasladó la conmemoración de la Batalla de Boyacá al puerto de Leticia; desde allí, dijo que teníamos que “defender nuestra nación”. A pesar del tono patriótico, Petro ha corregido su imprecisión (la isla no ha sido asignada a Perú, pero tampoco a Colombia) y ha propuesto la vía diplomática y ceñirse al Protocolo de 1934. Por otro lado, el político Daniel Quintero adoptó una postura beligerante al afirmar que no dudará en “ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas”, y viajó hasta Santa Rosa para grabarse ondeando la bandera de Colombia, diciendo “nuestra Colombia se defiende con el alma y, como presidente, si Dios quiere, así lo haré”. 

La instrumentalización política ha sido evidente en ambos lados. En Colombia, dirigentes de derecha, que en el pasado promovieron desconocer el fallo de La Haya sobre Nicaragua, hoy señalan a Petro por sus pronunciamientos sobre el pleito con Perú. En el país vecino, el pleito ha unido a políticos de todo el espectro ideológico: la congresista Patricia Juárez le respondió a Quintero que “esta provocación no quedará impune”; el congresista Guido Bellido Ugarte declaró que “es hora de recuperar Leticia” para Perú; y la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori le respondió directamente a Petro diciéndole “con el Perú no te metas, sabemos luchar y derrotar al terror”, como señaló Camilo Gómez en El Espectador. En Colombia, figuras como Quintero han buscado capitalizar la tensión en las redes sociales con miras a las elecciones de 2026, mientras en el Perú diversos analistas han interpretado el giro nacionalista de Dina Boluarte y del Congreso como una estrategia para desviar la atención de sus bajos índices de aprobación de ambos y enfocarse en las próximas elecciones. 

En medio de la retórica patriótica, el problema ambiental, que es el problema de fondo, ha quedado relegado. La isla de Santa Rosa se ha expandido hacia territorio colombiano debido a la sedimentación del río, acelerada por la deforestación en la cuenca alta y la carga de sedimentos que arrastra desde los Andes. Este proceso explica no sólo el surgimiento de Santa Rosa, sino de otras siete islas. El biólogo Santiago Duque, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, advierte que el caudal del río ha disminuido en un porcentaje alarmante: entre abril y septiembre de 2024, según el Ideam, descendió un 82% respecto del año anterior. Durante cuatro meses emergió una extensa playa entre Leticia y Santa Rosa, y los pronósticos apuntan a que en menos de una década ese será el paisaje permanente. A su vez, el último informe del Monitoring of the Andes Amazon Program (MAAP) reportó en 2024 más de 1.7 millones de hectáreas deforestadas en el Amazonas, un aumento del 34 % respecto al año anterior.

Históricamente, el Amazonas ha sido concebido en Colombia como una zona militar o de extracción de recursos, lo que explica la débil presencia institucional en la región. Como hemos señalado en investigaciones previas en Dejusticia, la distancia respecto al centro político del país suele traducirse en menor presencia del Estado. Aunque la Cancillería colombiana y los gobiernos de turno han tenido conocimiento de la situación del río y los cambios geográficos a la altura de Leticia, solo después del acto unilateral del Congreso peruano se volvió un tema digno de atención. La situación en Perú no parece ser muy distinta: muchos servicios públicos en la isla de Santa Rosa son provistos por Colombia, y la población depende en buena medida de bienes y suministros procedentes de Leticia y de Tabatinga. La realidad es que ambos Estados han desatendido de manera sistemática la región, y el Amazonas solo se vuelve visible cuando resulta funcional para fines políticos en Lima o Bogotá, es decir, en los centros de poder. 

Como advierte Sandra Borda, antes de discutir la jurisdicción sobre un pedazo de tierra, la prioridad de ambos países debería ser detener la sedimentación y la deforestación en la cabecera del Amazonas para asegurar su sostenibilidad. Sin embargo, el nacionalismo ha reactivado, incluso, los fantasmas de la confrontación armada: Perú militarizó la isla de Santa Rosa, Colombia movilizó tropas a la frontera y recientemente dos topógrafos colombianos fueron retenidos allí por las autoridades peruanas. Este escenario revela las limitaciones del modelo del Estado nación, que en el siglo XIX permitió encauzar disputas, pero que hoy resulta insuficiente: más que resolver los problemas, alimenta pulsiones nacionalistas que enardecen emociones colectivas y oscurecen la comprensión, como en este caso, de que proteger la Amazonía equivale a velar por el bienestar común. 

Es por esto que necesitamos nuevos modelos institucionales capaces de abordar los problemas transnacionales, como los que afectan al Amazonas, para asegurar la estabilidad mundial. Hoy contamos con una organización como la OTCA, que si bien necesita refuerzos para garantizar su efectividad en la protección de la cuenca amazónica, es un precedente importante para seguir avanzando en esa dirección. Por ahora, respecto a Santa Rosa, está la esperanza de que, después de los diálogos entre ambos países en la Comisión Mixta para la Inspección de la Frontera del 11 y 12 de septiembre de 2025, prevalezca el ánimo diplomático del presidente Petro, se moderen las posturas en el Perú y se reconozca que los principales afectados son los habitantes de la frontera, comunidades que, más allá de las banderas nacionales, comparten la vida cotidiana, el comercio y los lazos sociales, y que aspiran a seguir conviviendo pacíficamente, como lo han hecho durante décadas.