Como organizaciones nacionales de libertades civiles y derechos humanos, y miembros de INCLO, unidos por nuestro firme compromiso con los principios de justicia, rendición de cuentas y la protección de las libertades fundamentales, nos solidarizamos con nuestro miembro Al-Haq, que fue recientemente designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva 14203 relacionada con la Corte Penal Internacional (CPI).

Al-Haq es una organización palestina de derechos humanos ampliamente reconocida, con décadas de experiencia documentando violaciones a los derechos humanos y abogando por la rendición de cuentas internacional. Al ser incluida en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), Al-Haq y otras dos importantes organizaciones palestinas —Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR)— enfrentan ahora graves consecuencias financieras y políticas. Otras entidades han sido igualmente objeto de sanciones bajo la misma orden ejecutiva, la cual fue emitida para castigar a quienes se perciben como apoyando el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) de maneras que entran en conflicto con las posiciones del gobierno estadounidense.

Esta designación marca una peligrosa escalada en los esfuerzos en curso por socavar el legítimo trabajo de derechos humanos y desacreditar a las organizaciones que buscan justicia a través de mecanismos legales internacionales. Se inscribe en un patrón más amplio de ataques contra la sociedad civil palestina, incluido el intento de criminalización ilegal en 2021 de Al-Haq y otros grupos como “organizaciones terroristas” por parte de las autoridades israelíes —acusaciones ampliamente condenadas por la ONU, los Estados miembros de la UE y actores globales de derechos humanos por carecer de fundamento y estar políticamente motivadas.

Estamos profundamente preocupados de que el uso de sanciones financieras contra defensores de derechos humanos y organizaciones dedicadas a la defensa legal siente un precedente devastador. Enfría a la sociedad civil global, debilita a las instituciones multilaterales de derechos humanos y demuestra la disposición de los Estados poderosos a criminalizar los esfuerzos de rendición de cuentas cuando resultan políticamente inconvenientes. También envía una señal de amenaza a organizaciones en todo el mundo que actúan en solidaridad con organizaciones palestinas y sus causas.

Afirmamos el papel fundamental de la sociedad civil —incluyendo a Al-Haq y a los grupos de derechos humanos igualmente afectados— en la defensa del derecho internacional, la documentación de abusos, la protección de los derechos de comunidades marginadas y el apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Hacemos un llamado a:

• El gobierno de Estados Unidos, a revocar de manera inmediata las sanciones contra Al-Haq y otras organizaciones de derechos humanos afectadas;

• La comunidad internacional —especialmente a los Estados comprometidos con el Estado de derecho y el multilateralismo— a condenar de manera inequívoca el uso de sanciones por parte de Estados Unidos para silenciar o desacreditar el legítimo trabajo en derechos humanos, y a ejercer presión sobre Estados Unidos para que revoque dichas sanciones.

En solidaridad: 

• Agora International Human Rights Group (Agora)
• American Civil Liberties Union (ACLU)
• Association for Civil Rights in Israel (ACRI)
• Canadian Civil Liberties Association (CCLA)
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
• Conectas Human Rights
• Dejusticia
• Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
• Human Rights Law Centre (HRLC)
• Human Rights Law Network (HRLN)
• Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
• Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
• Kenya Human Rights Commission (KHRC)
• The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
• Legal Resources Centre (LRC)
• Liberty