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Columna

La nulidad del procurador

El procurador, en una entrevista el pasado miércoles, afirmó que las demandas que buscan que el Consejo de Estado anule su reelección no tienen ningún fundamento jurídico pues están motivadas por intereses políticos y criminales.

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¿Un ultimátum a las Farc?

La semana pasada, el semanario británico The Economist se pronunció sobre el proceso de paz en Colombia. En un editorial denominado “Time to call the Farc’ s bluff” (algo así como: “Es hora de subir la apuesta y hacer que las Farc muestren sus cartas”), la revista reconoce los avances del proceso, pero se preocupa por el crítico momento en el que éste se encuentra dados los recientes hechos de violencia y la falta de acuerdos concretos en el tema de justicia transicional.

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Columna

El hackeador hackeado

Si uno quisiera saber el máximo de información de otra persona, lo ideal sería meterse en su cuerpo. Pero como esto es imposible, queda la opción de meterse en su computador o en su teléfono y ver sus emails, sus chats, su historial de Google, prender su cámara y filmar lo que pasa en los alrededores, prender su micrófono y oírlo todo… casi que volverse esa persona desde la distancia.

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¿Quién dice la verdad?

Las críticas infundadas y desinformadas sólo agudizan la crisis que atraviesa el Proceso de Conversaciones y ponen en jaque la mejor oportunidad que hemos tenido de superar el conflicto armado.

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Estadios, atrocidades y memoria

Para quienes fuimos jóvenes en los setenta, la final de la Copa América de ayer entre Argentina y Chile en el Estadio Nacional de Santiago evoca ciertas asociaciones entre dos estadios emblemáticos y dos dictaduras atroces.

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Escepticismo militante

EN COLOMBIA, LA IGLESIA Y EL ES-tado se encuentran separados. Eso en teoría, porque en la práctica, cada vez tenemos más políticos que se comportan como sacerdotes, empezando por el Presidente y el Procurador.

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Intervención ciudadana y concepto sobre la “Ley del 21 de mayo de 1851 Sobre la libertad de esclavos”

Intervención ciudadana que se pronuncia sobre la demanda contra la Ley del 21 de mayo de 1851 por incurrir en una omisión legislativa y en una discriminación al ordenar una indemnización únicamente a favor de los victimarios y no de los esclavos. En la intervención se dan las razones para que la Corte Constitucional no se declare inhibida para fallar en este caso, sino que ordene al Congreso de la República que, tras procesos de consulta previa con las comunidades, expida una política pública de reparación integral y colectiva a la población afrodescendiente de Colombia por el crimen de esclavitud.

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