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Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional en una tutela que analizaba si un Laboratorio Clínico había discriminado a un hombre homosexual al rechazarlo como donante de sangre. La razón de esta exclusión se encuentra en la normatividad que regula los bancos de sangre, la cual impide la donación a los hombres que hayan tenido relaciones sexuales masculinas en el período de 15 años donen sangre, como medida para evitar la recepción de sangre infectada con VIH/SIDA. Argumentamos que en este caso efectivamente hubo un trato discriminatorio, ya que se confundieron la conductas riesgosas frente al VIH (causas reales de contagio) con la pertenencia a una población, siendo este último criterio erróneamente utilizado para rechazar las donaciones de los hombres homosexuales.

Colombia Diversa, Women´s Link y DeJuSticia presentamos esta intervención ante la Corte en un proceso de tutela en el que la accionante alega la violación de sus derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, al habérsele negado el ingreso a dos eventos nocturnos en la ciudad de Bogotá en atención a su condición de transgenerista. Sostenemos que pese a que está constitucionalmente prohibido discriminar por razón de la orientación sexual y de la identidad de género, las personas transgeneristas son discriminadas en múltilpes ámbitos de la vida social. Sin embargo, en muchos casos estas discriminaciones son sutiles y encubiertas, por lo cual es necesario que en los procesos judiciales en los que se alegan tales discriminaciones, se apliquen estándares probatorios específicos para prevenirlas y para sancionar su ocurrencia. Conforme a dicho estándar, la persona que alega la discriminación no tiene que demostrar directamente la intención discriminatoria pues se trata de una prueba casi imposible. En su lugar, a la persona le basta probar i) que hace parte del grupo tradicionalmente discriminado, ii) que en una situación semejante fue tratada de manera distinta a otras personas de otros grupos sociales y iii) que dicho trato distinto le ocasionó un daño. Una vez probada esta situación, entonces debe presumirse la discriminación y se invierte la carga de la prueba, de tal modo que corresponde a quien otorgó el trato diferenciado probar que éste era justificado y no tenía propósito discriminatorio. Conforme a ese estándar probatorio, concluimos que en este caso concreto las decisiones de los jueces de instancia deben ser revocadas y debe otorgarse la tutela.