Cuando se restringe el gasto y también las libertades. La Argentina de Milei

Desde que Javier Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023, Argentina vive una paradoja: mientras se promueve un ajuste económico drástico, se recortan al mismo tiempo las libertades cívicas necesarias para resistirlo. Este no es un fenómeno aislado ni atípico.En gobiernos autoritarios o con tendencias autoritarias es frecuente que las medidas orientadas al ajuste económico extremo, al igual que el avance de los proyectos extractivos, vayan de la mano de la restricción del espacio cívico y la criminalización de la protesta. Esta criminalización, el control del espacio público y el hostigamiento a quienes defienden derechos colectivos se han convertido en herramientas para sostener modelos económicos regresivos y extractivistas que empobrecen y aumentan la desigualdad. 

Argentina, con una marcada tradición de movilización social, ha respondido históricamente a las políticas de ajuste económico con intensas protestas. Cada nueva crisis económica o intento de ajuste reaviva la memoria colectiva y las formas de protesta, consolidando una tradición de movilización que responde no solo a las condiciones materiales, sino también a una cultura política de resistencia frente a políticas percibidas como excluyentes y regresivas. Frente a las movilizaciones que se han incrementado desde que Milei asumió la presidencia, el gobierno argentino ha optado por deslegitimar las demandas, minimizar su alcance y reprimirlas.

Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei ha implementado políticas que combinan un severo ajuste fiscal -por ejemplo, cerró ministerios, despidió empleados públicos, cortó fondos a las provincias, frenó la obra pública, bajó subsidios servicios públicos y recortó ayuda social, veto iniciativas de ambas cámaras del congreso tendientes a actualizar los haberes jubilatorios, de discapacidad y universitarios- con formas de represión estatal, configurando un escenario preocupante para los derechos humanos y la democracia en la región. Esto supone, al mismo tiempo, un retroceso en las garantías para ejercer el derecho a la protesta. 

Pese a que Milei ha hecho célebre el eslogan «¡Que viva la libertad, carajo!”, son las libertades cívicas las que se están yendo “al carajo” con su gobierno. La imposición de un profundo ajuste económico ha venido aparejado con serias restricciones al espacio cívico o a la participación de la sociedad civil  en la vida política, económica y social. A la par del avance de estas medidas económicas, ha limitado el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión, reduciendo los canales de manifestación de descontento a los que suelen acudir las personas cuando hay medidas con las que no están de acuerdo. Tres ejemplos ilustran estas tendencias: el denominado protocolo Bullrich para criminalizar la protesta; las reformas providenciales en zonas de alta conflictividad socioambiental; y el blindaje de los intereses empresariales de industrias extractivas y de las políticas de ajuste frente a cualquier forma de resistencia comunitaria.

La experiencia argentina muestra cómo, incluso en democracias con larga tradición de movilización social, pueden consolidarse prácticas autoritarias. Este caso se extiende más allá de las fronteras: gobiernos que, en nombre de la estabilidad fiscal o de la atracción de inversiones, erosionan las libertades básicas y pretenden reconfigurar la relación entre Estado, mercado y sociedad civil.

El Protocolo Bullrich: criminalización de la protesta y represión social 

La secuencia entre drásticas medidas económicas y represión social es clara. La devaluación, el ajuste fiscal y la priorización de la entrada de divisas han coincidido con la implementación de un protocolo de seguridad que criminaliza la protesta, y una política de seguridad que decidió crear un cuerpo especial para la defensa de las actividades productivas. Mientras el protocolo se inscribe en una estrategia más amplia de deslegitimación y criminalización de la movilización social, la formación del cuerpo especial revela de manera directa la estrecha relación entre las políticas de ajuste y los dispositivos de represión que buscan favorecer intereses económicos específicos.

Como primer antecedente, el 14 de diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich publicó un protocolo que limita el derecho a la protesta, autorizando el uso de fuerza ante cortes de calle y exigiendo aviso previo para manifestaciones. Esta medida, justificada como garantía de «orden público», se aplicó días después durante la marcha piquetera del 20 de diciembre, marcando un precedente de criminalización de la movilización social. 

El protocolo dispone que toda manifestación pública que implique cortes de calles o rutas y que afecte la circulación vehicular o reduzca el ancho disponible de vías como calles, rutas o avenidas será considerada un delito en situación de flagrancia. Esto habilita la intervención de las fuerzas de seguridad para desalojar o disolver la protesta, así como para identificar a las personas y organizaciones involucradas con el objetivo de iniciar acciones penales en su contra. No solo se anula el derecho a manifestarse,  sino que también habilita una respuesta desproporcionada contra sectores vulnerables, como jubilados, evidenciado en la represión del 12 de marzo de 2025 en Buenos Aires siendo, la cual fue la más feroz hasta el momento; no obstante, este tipo de intervenciones se repite de manera sistemática todos los miércoles

Las fuerzas de seguridad avanzaron violentamente sobre los manifestantes, utilizando bastones, balas de goma y gases lacrimógenos, en una escena que expuso de manera cruda la insensibilidad gubernamental y la criminalización de la protesta social. La imagen de jubilados golpeados en la vía pública quedó grabada como un símbolo del deterioro de la democracia y del desprecio hacia los sectores más golpeados por las medidas económicas. 

Reformas provinciales y avanzada represiva: el caso de Jujuy

En el noroeste argentino, donde el auge del litio generó resistencias comunitarias, se aplicaron tempranamente marcos normativos y represivos que luego se extendieron a nivel nacional, siendo Jujuy un laboratorio clave de estas políticas. En 2016, entra en vigencia  un Código Contravencional que penaliza la protesta social, utilizado sistemáticamente para judicializar a líderes y lideresas sociales. En 2023, la reforma constitucional —con la incorporación del artículo 67— no sólo profundizó ese marco, a este se sumó elevar considerablemente las multas por contravenciones, reforzando un andamiaje legal que desincentiva la movilización social. En este escenario, las políticas represivas nacionales se alinean con las provinciales, lo cual en Jujuy se percibe de manera especialmente gravosa. Esto se debe a que, a diferencia de otras jurisdicciones, la criminalización de la protesta ya se encontraba consolidada desde antes del actual gobierno nacional, lo que genera una sensación de continuidad y agravamiento del cercenamiento de derechos. 

Este proceso provincial se inserta en un escenario nacional marcado por un paquete de medidas económicas regresivas, orientadas a generar «confianza» en el mercado a costa de los derechos sociales. Entre ellas, se destaca una abrupta devaluación del peso —que duplicó el valor del dólar oficial de $380 a $800— y el aumento del impuesto PAIS al 17,5% para importaciones y exportaciones no agropecuarias. Paralelamente, se implementó una drástica reducción del gasto público: no renovación de contratos estatales recientes, eliminación de la pauta oficial, recorte de transferencias a provincias y paralización de nuevas obras públicas. A esto se sumaron los anuncios de recortes a los subsidios en tarifas de energía y transporte, lo que se tradujo en aumentos significativos en el costo de vida para amplios sectores de la población.

Este entramado represivo y económico presiona doblemente a los territorios, al limitar el acceso a derechos y reforzar el avance extractivo frente a la resistencia comunitaria.En este contexto, la llamada transición verde no escapa a estas dinámicas, aunque se presenta como respuesta a la crisis climática, en los hechos se traduce en una nueva fase del extractivismo, con un blindaje normativo y represivo que asegura la continuidad del modelo.

Extractivismo y blindaje de los enclaves productivos

Además de los procesos ya mencionados, se sumó recientemente la sanción del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a proyectos que superen los 200 millones de dólares. En Argentina, como en otros países de la región, estas grandes inversiones se orientan principalmente hacia actividades extractivas como la minería, el fracking y el agronegocio.

Estas actividades se desarrollan en regiones habitadas en su mayoría por comunidades indígenas y campesinas. Casos paradigmáticos como Vaca Muerta —el mayor emprendimiento hidrocarburífero del país— o Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc —cuenca compartida entre Jujuy y Salta donde viven 33 comunidades indígenas que desde hace más de una década resisten la entrada de proyectos de litio—. En Vaca Muerta, la comunidad mapuche Campo Maripe ha sido judicializada por ejercer su derecho a la autodeterminación y reclamar su territorio ancestral. En Jujuy, las comunidades de Salinas Grandes han enfrentado amenazas, hostigamientos y causas penales en el marco de su oposición a la reforma constitucional en 2023. Estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón de criminalización de defensores y defensoras del territorio, ejercido tanto por el Estado como por actores privados.

La reciente aprobación de uno de los primeros proyectos de litio bajo el paraguas del RIGI, y la existencia de al menos otros siete en evaluación, anticipan un escenario de mayor presión extractiva sobre estos territorios.

En paralelo, y en una línea complementaria, el Estado nacional creó en septiembre de 2024 mediante la Resolución Ministerial N° 893/2024 el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Este dispositivo articula fuerzas de seguridad con el argumento de que ciertos sectores económicos requieren una “seguridad especial” debido a su relevancia para el crecimiento del país. Así, se habilita la intervención ante protestas que impidan o bloqueen la circulación en zonas clave como puertos, enclaves mineros o hidrocarburíferos.

La combinación del RIGI y del Comando Unificado configura un entramado normativo e institucional que refuerza el avance de los intereses extractivos mediante mecanismos de excepción. En este contexto, las y los defensores enfrentan un cerco legal y represivo que amenaza no solo su libertad, sino también sus vidas. Así, el Estado deja de actuar como garante de derechos para convertirse en gestor de condiciones que priorizan la rentabilidad del capital sobre los DDHH. 

¿Qué está en juego? Derechos, democracia y resistencia 

Frente al panorama de ajustes económicos profundos y cierre del espacio cívico, es necesario alertar sobre los impactos diferenciales de estas medidas, especialmente en las comunidades que defienden sus territorios. Incluso en países del Norte Global, como Estados Unidos, se vive un preocupante proceso de desmonte de derechos sociales, debilitamiento del Estado de derecho, ataque al tejido social organizado y avance de proyectos políticos que buscan limitar libertades fundamentales. En ese contexto, América Latina forma parte de una oleada más amplia donde el ajuste económico y el autoritarismo se retroalimentan. La deslegitimación de la protesta, el control de la información y la represión no solo buscan desalentar la movilización, sino que también restringen los canales de participación ciudadana, debilitando la democracia y dejando a las personas con menos herramientas para hacer valer sus derechos.

Argentina es un país que se caracteriza en la región por la fuerte movilización social y el sostenimiento de la protesta social como mecanismo democrático que permitió la conquista de derechos y el juzgamiento de grandes violaciones de DD.HH. De manera que es urgente fortalecer las redes de documentación, denuncia y solidaridad, tanto a nivel local como internacional, para evitar que la represión se normalice como herramienta de gobierno. La defensa del espacio cívico, del derecho a organizarse, manifestarse y defender lo común, es hoy uno de los pocos frenos ante el avance de modelos económicos y políticos que despojan derechos y consolidan nuevas formas de exclusión.