Recomendaciones concretas para combatir la desinformación electoral en Colombia

En Rumania, en 2024, el Tribunal Constitucional anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El motivo no fue fraude en las urnas ni irregularidades en el conteo: la información que circulaba en el entorno digital parecía tener un sesgo sistemático a favor de uno de los candidatos. La Comisión Europea abrió una investigación contra TikTok. Una organización del Reino Unido, Global Witness, lo documentó con un experimento contundente: compró dos teléfonos nuevos, abrió una cuenta en cada uno para seguir a cada candidato, y encontró que el feed de ambos dispositivos (sin ningún historial previo) tendía hacia el mismo candidato. El algoritmo operaba como un actor electoral invisible. Cuando Colombia se aproxima a un nuevo ciclo electoral, este caso no parece una anécdota lejana.

Este análisis se basa en el documento Recomendaciones para combatir la desinformación frente a los procesos electorales en Colombia, elaborado conjuntamente por Access Now, Fundación para la Libertad de Prensa, El Veinte, Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, Defensoría del Pueblo y Dejusticia y en una entrevista con Vivian Newman, directora de la línea de Transparencia y Derechos Digitales de Dejusticia y Dora Montero, editora para Latinoamérica de Mongabay Colombia y asociada fundadora de Consejo de Redacción.

La manipulación descrita en el caso rumano tiene un nombre: microtargeting político. Las plataformas digitales construyen perfiles detallados de sus usuarios (hábitos, relaciones, preferencias políticas), y con esa información, los actores políticos pueden enviar propaganda diseñada específicamente para cada persona, calibrada para lo que la mueve emocionalmente. En tiempos de inteligencia artificial generativa, producir contenido falso (deepfakes, imágenes manipuladas, redes de bots que simulan opinión pública) es más barato y más rápido que nunca y hoy es una práctica extendida.

La desinformación, sin embargo, no siempre llega en forma de tecnología sofisticada. El lenguaje violento y la estigmatización en redes sociales deterioran el debate público de manera más silenciosa, pero igualmente eficaz: generan apatía, suprimen la participación y polarizan el electorado. Cuando un candidato o funcionario estigmatiza a un periodista (lo llama “mentiroso” o “malintencionado”), produce un efecto cascada entre sus seguidores que puede derivar en violencia física. No es retórica: está documentado. Y las mujeres que participan en política enfrentan una carga adicional: los ataques de desinformación por razones de género y raza no tienen equivalente en sus colegas hombres. La violencia digital es violencia política.

Colombia tiene marco normativo, el problema es que no lo aplica

El derecho de acceso a la información pública, consagrado en la Ley 1712 de 2014, establece que los contratos de publicidad electoral de los partidos políticos son información pública: la ciudadanía puede pedirlos y analizarlos. La libertad de expresión, tal como la ha interpretado la Corte Constitucional, permite la publicidad política crítica, pero impone un límite claro: no puede ser falsa, y aplicando principios es posible que cuando se use inteligencia artificial para producir contenido electoral, exista la obligación de informarlo explícitamente. Y la Ley 1581 de 2012, junto con la Circular 02 de 2026 de la Superintendencia de Industria y Comercio, prohíben el uso de datos personales para enviar propaganda política sin el consentimiento previo, libre e informado del titular (lo que incluye agregar personas a grupos de mensajería o listas de difusión sin su autorización).

El problema es que estos marcos normativos existen pero no siempre se aplican. Por eso, la Defensoría del Pueblo y un grupo de 5 organizaciones de la sociedad civil, entre las que está Dejusticia, formulamos una serie de recomendaciones dirigidas a cinco actores: las autoridades de supervisión (SIC y CNE), los partidos políticos y movimientos ciudadanos, las agencias de publicidad y marketing electoral, las plataformas digitales y el conjunto de estos actores en coordinación. 

A su vez, algunas de las recomendaciones que hacemos son de ejecución inmediata: la SIC y el CNE deben ejercer supervisión activa con auditorías reales y sanciones efectivas; los partidos políticos y agencias de publicidad deben registrar evidencia del consentimiento de los titulares antes de usar sus datos con fines electorales, y las plataformas deben identificar y etiquetar el contenido producido con inteligencia artificial.

A mediano plazo, deben crearse mecanismos de cooperación entre autoridades y plataformas para detectar y desarticular campañas coordinadas de desinformación; las plataformas deben inhabilitar las herramientas de microtargeting político durante los periodos electorales, y es necesario crear un laboratorio de análisis del impacto tecnológico en los procesos electorales, con informes públicos y participación de la academia y la sociedad civil.

La norma existe. Lo que se necesita es la voluntad de aplicarla.

El documento completo, con el análisis normativo detallado y las propuestas específicas para cada actor, está disponible para descarga, aquí.

Organizaciones firmantes: Access Now · Fundación para la Libertad de Prensa · El Veinte · Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario · Defensoría del Pueblo · Dejusticia