Estado ausente o déspota: las propuestas en seguridad de los candidatos

La seguridad es un tema central en las preocupaciones ciudadanas porque se trata de la integridad física y patrimonial de las personas, y en la actual contienda electoral es un debate central. Por eso, más allá de los nombres propios, el debate plantea una pregunta fundamental: ¿qué tipo de Estado queremos construir y qué capacidad tendrá la ciudadanía para controlarlo?

Las altas cifras de homicidios en el Caribe urbano y en el Pacífico —especialmente en Cali, que contrastan con las del interior como Medellín y Bogotá—, así como las de extorsión que aumentan en todas las grandes ciudades, y la gobernanza criminal que se expande en zonas rurales, denotan un claro deterioro de la seguridad que no puede ignorarse.

Detrás de las cifras se encuentra un problema más profundo, relacionado con la ineficiencia del Estado para consolidar capacidades institucionales, llegar a los territorios, coordinarse, ejercer autoridad y garantizar seguridad allí donde hoy los grupos armados ilegales imponen sus propias reglas.

En un contexto territorial como el expuesto, los dos candidatos que disputan la segunda vuelta presidencial han situado la garantía de seguridad como una de las principales promesas de campaña. Sin embargo, más allá de sus propuestas, sus planteamientos reflejan diferentes posturas sobre el papel que debe desempeñar el Estado frente a la violencia y la seguridad.

Una forma útil de interpretar el rol del Estado que cada uno propone es a través de la metáfora del Leviatán construida por Thomas Hobbes. El Leviatán es un monstruo marino colosal, narrado en el antiguo testamento, que representa un Estado con la fuerza suficiente para garantizar la seguridad mediante el monopolio de la violencia y evitar que la sociedad caiga en el caos.

Sin embargo, como plantean Acemoglu y Robinson, la experiencia ha mostrado que la solución no consiste simplemente en construir un Estado fuerte. Se requiere un Estado capaz de ejercer autoridad sin dejar a los ciudadanos a merced de actores violentos, pero que no sea demasiado poderoso que termine convirtiéndose en una amenaza para las libertades ciudadanas. Por ello, proponen la idea del Leviatán encadenado: un Estado con capacidad para actuar, hacer cumplir la ley y garantizar el orden, pero sometido al control permanente de una sociedad capaz de exigir rendición de cuentas.

La idea del “pasillo estrecho” ayuda a entender este equilibrio. De un lado del pasillo se encuentra el Leviatán ausente: un Estado débil, no sólo en términos de una violencia incontrolada, sino también permeado por relaciones sociales desiguales que producen otras formas de dominación.

Del otro lado aparece el Leviatán despótico: un Estado tan poderoso que, en nombre del orden y la seguridad, reduce los controles institucionales y limita la capacidad de la sociedad para cuestionar o vigilar el ejercicio del poder. Entre ambos extremos se encuentra el pasillo estrecho de la libertad, un espacio en el que el Estado y la sociedad tienen un equilibrio delicado en tensión permanente.

En el “pasillo estrecho” el Estado es suficientemente fuerte para proteger a los ciudadanos de la violencia, pero la sociedad conserva la fuerza necesaria para exigir transparencia, controlar a los gobernantes y evitar abusos. La libertad surge de esa vigilancia mutua entre Estado y sociedad. Vista desde esta perspectiva, la segunda vuelta presidencial enfrenta dos maneras diferentes de concebir el Estado, su relación con la sociedad y los límites que deben imponerse al ejercicio del poder.

Leviatán ausente y Leviatán despótico

La propuesta de Iván Cepeda parece acercarse a algunos de los riesgos asociados al Leviatán ausente. Aunque su programa sugiere una política de fortalecimiento de las fuerzas militares y la policía en materia de inteligencia, investigación criminal y cooperación internacional, el eje articulador descansa en la implementación del Acuerdo de Paz, el diálogo con actores armados y la intervención sobre las causas sociales de la violencia.

Sin desconocer la importancia de estos objetivos, conviene recordar que los resultados humanitarios de una negociación o diálogo no son equivalentes a una política de seguridad. Mientras los primeros se orientan a crear condiciones para la paz, la segunda exige que el Estado mantenga su capacidad efectiva de ejercer autoridad, imponer reglas y proteger a los ciudadanos de quienes ejercen la violencia.

El riesgo de esta visión radica en que la búsqueda de consensos desplace el deber del Estado de mantener el monopolio de la fuerza y el control territorial. El desafío consiste en que la necesidad de construir paz no termine debilitando la capacidad del Leviatán para garantizar orden y seguridad.

Por su parte, la propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella parece acercarse más a la lógica de un Leviatán despótico. Su argumento central parte de una preocupación legítima: el crimen organizado es una amenaza directa para la libertad de los ciudadanos y el Estado debe recuperar la capacidad de imponer el orden. De allí su énfasis en la recuperación del control territorial, el fortalecimiento de la fuerza pública, la destrucción de las economías ilegales y la reafirmación del monopolio estatal de las armas.

Sin embargo, llama la atención que su propuesta de seguridad se limite a nueve frases centradas en la capacidad coercitiva del Estado, sin desarrollar los mecanismos institucionales que deberían acompañar ese fortalecimiento. Cuando plantea, por ejemplo, la necesidad de “reconstruir a la Fuerza Pública, fortalecerla y respaldarla en sus acciones”, no son claros los límites, controles o mecanismos de supervisión que orientarán ese respaldo.

En una democracia, la eficacia de una política de seguridad depende no solo de la capacidad operativa de la Fuerza Pública, sino también de la existencia de controles judiciales, legislativos, constitucionales y ciudadanos que garanticen que el ejercicio de la autoridad permanezca sometido al Estado de derecho.

A ello se suma una concepción de liderazgo político que parece privilegiar la confrontación frente al disenso. Un aspirante a gobernar el Estado no solo debe demostrar capacidad para ejercer autoridad, sino también disposición para someter sus decisiones al escrutinio público y aceptar la crítica como parte constitutiva de la democracia. El riesgo de esta postura radica en que la búsqueda de seguridad relegue los contrapesos que impiden que el poder se ejerza sin límites.

Leviatán encadenado: las elecciones pasan, las instituciones permanecen

Los hechos asociados al control territorial, el homicidio y la extorsión provenientes del crimen organizado, son amenazas a la seguridad física y al patrimonio de las personas que han generado en la ciudadanía sensaciones comprensibles de miedo e incertidumbre.

Por ello es importante ponerle la lupa a la arquitectura institucional que cada proyecto político plantea para ejercer el poder del Estado. El riesgo para una democracia no surge únicamente en ejercer un Leviatán despótico o un Leviatán ausente para afrontar los problemas de seguridad. El riesgo estructural surge en la ruptura del pasillo estrecho entre autoridad y libertad.

Por eso, ante la ola de inseguridad que acecha los territorios rurales y urbanos del país, lo que se requiere es un Leviatán encadenado que enfrente con la fuerza del Estado al crimen organizado, pero ejerza con rigor los principios del Estado de derecho y la democracia.

Dicho a la manera de Acemoglu y Robinson, necesitamos un Leviatán encadenado, pues el debate no debería ser entre elegir más autoridad o no ejercerla, sino cómo construir un equilibrio que permita garantizar ambas. Porque es tan peligroso un Estado que no logra imponer el orden como uno que en nombre de la seguridad deja de respetar sus propios límites.