Lecciones para Colombia: ¿Cómo han venido cambiando las reglas ambientales en la región?

Imagina que una comunidad se entera de que van a construir una mina o una represa cerca de su territorio. Quiere saber qué impactos tendrá, consultar los estudios ambientales y participar en la decisión. Pero cuando busca información, descubre que el proyecto tiene un trámite especial, que los plazos son demasiado cortos o que su opinión ya no tiene mucho peso. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Saber que tu territorio podría afectarse, y tú no puedes hacer nada?

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Esto es lo que ha pasado de forma reciente en algunos países de América Latina. Las reglas ambientales han cambiado y ahora dificultan que las comunidades conozcan y cuestionen proyectos con posibles impactos sobre sus territorios. Brasil, Argentina y Perú son ejemplo de ello en la región. Mientras que Hungría y Canadá también ofrecen pistas de cómo ocurre este retroceso a nivel global. Gracias a las organizaciones CELS (Argentina), Conectas (Brasl), HCLU (Hungría) y CCLA (Canadá), que pertenecen a la red INCLO, y a Karla Flores, abogada peruana y fellow de Dejusticia, recopilamos estas experiencias comparadas y las contamos a continuación como un ejercicio que puede servirle de espejo a Colombia, donde también se empiezan a dar nuevas conversaciones sobre el licenciamiento ambiental y la consulta previa. 

Brasil

En 2025, el país aprobó dos normas que reformaron el licenciamiento ambiental (leyes 15.190 y 15.300). Organizaciones ambientales, pueblos indígenas, comunidades y científicos las han llamado “Leyes de devastación” porque abren la puerta para que, en determinadas actividades, se exima totalmente la exigencia de una licencia ambiental (para actividades agrícolas o pavimentar una vía, por ejemplo), se amplíen mecanismos de autolicenciamiento bastando únicamente la declaración del propio emprendedor y se cree una licencia especial para proyectos considerados estratégicos. 

Para Conectas, el problema es que se prioriza la rapidez en vez de una evaluación rigurosa de los riesgos para el ambiente y la posibilidad de que las comunidades afectadas intervengan antes de que se tomen decisiones. Las reformas también amplían el margen de decisión de estados y municipios, lo cual viola el pacto federal y podría generar una «guerra» de desregulación entre los estados para atraer inversión. El sector privado ha influenciado en este panorama mediante el cabildeo, el financiamiento de campañas y la incidencia coordinada en el Congreso.

Estas medidas se suman a la estrategia de desmantelamiento de la gobernanza ambiental durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y el retroceso más significativo del marco de protección ambiental de Brasil desde la redemocratización del país, pues se debilitaron instituciones y políticas ambientales, entre otras cosas, a través de recortes presupuestarios. Distintas organizaciones brasileñas, junto con INCLO, red en la que también participa Dejusticia, acompañan un litigio ante el Supremo Tribunal Federal que justamente pide dejar sin efectos estas leyes regresivas que no priorizan la seguridad ambiental y violan derechos.

Argentina

En 2023 el Ministerio de Ambiente se convirtió en una subsecretaría y, para 2024, su presupuesto sufrió un recorte del 79%. Sumado a esto, se estableció el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, diseñado para acelerar megaproyectos y para que el Estado apruebe o rechace proyectos de inversión masivos en un plazo expreso de 45 días, lo que hace casi imposible realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) rigurosas y una consulta previa intercultural. Tener buenos estudios, divulgar la información y permitir la participación buscan anticipar a que existan daños ambientales que pueden ser muy graves, ya sea con prevención o manejo. Si estas afectaciones suceden, suele ser casi imposible dar vuelta atrás.

Aunque Argentina cuenta con estándares constitucionales de protección ambiental y reconoció el Acuerdo de Escazú, organizaciones como CELS advierten que esas garantías no siempre se traducen en procedimientos efectivos y esos estándares no fueron aterrizados en leyes. Por ejemplo, no hay una ley de consulta previa en Argentina y en la práctica durante muchos años esta consulta no se hizo. Desde 1994 se definió que el dominio de lo que está en los suelos es de cada provincia, por lo que el Estado se desentiende. Entonces, ahora los gobiernos provinciales empezaron a aprobar procedimientos de consulta que no cumplen con los estándares.  El Estado debería ser garante y poner condiciones mínimas, pero eso no pasa.

Perú

Desde 2024, se han impulsado reformas que modifican los procedimientos de certificación ambiental y han debilitado el liderazgo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). En ese año se otorgó a las autoridades sectoriales mayor capacidad para seleccionar los proyectos sujetos a evaluación coordinada, reduciendo los criterios expresos que orientaban esta decisión. El Gobierno declaró al Senace en modernización y reorganización. La medida fue cuestionada por los riesgos de interferencia política en la autonomía técnica de la entidad encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental de grandes proyectos de inversión.

Luego, se aprobaron nuevas medidas de simplificación administrativa. Se estableció la aprobación automática de las prórrogas de determinados títulos habilitantes sobre recursos hídricos, incluidas las autorizaciones de uso de agua y vertimiento de aguas residuales tratadas. Este mecanismo sustituyó la evaluación administrativa previa y eliminó la oportunidad de verificar el cambio de las condiciones ambientales. 

De forma más reciente, este 2026, el Ejecutivo presentó un pedido de facultades legislativas que propone ampliar los mecanismos de aprobación automática y silencio administrativo positivo para determinados instrumentos ambientales, así como simplificar los procedimientos aplicables a ciertas actividades de exploración de hidrocarburos. Estas propuestas podrían limitar la revisión técnica previa de los impactos ambientales en favor de una mayor rapidez administrativa.

El mismo pedido de facultades propone modificar el régimen de protección de las áreas naturales protegidas para facilitar el desarrollo de proyectos económicos, particularmente de hidrocarburos, así como garantizar la continuidad de derechos derivados de contratos anteriores al establecimiento de reservas indígenas. Esta última propuesta podría facilitar el ingreso de personal y equipos a territorios de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), lo que vulneraría el principio de no contacto y la protección de su vida, salud e integridad. En conjunto, estas iniciativas plantean el riesgo de subordinar la evaluación ambiental y la protección de territorios especialmente vulnerables a la agilización de las inversiones extractivas.

¿Y Colombia? 

A mediados de octubre de 2026, el Ministerio de Ambiente firmó un decreto que permite que la consulta previa y el licenciamiento ambiental avancen en paralelo. El Gobierno asegura que la licencia no se expedirá hasta que la consulta termine, pero lo “previo” es justamente el núcleo de este derecho. Una consulta que corre mientras el Estado ya evalúa el proyecto llega cuando hay estudios, costos y presión política encima: llega a ratificar, no a decidir. 

Al mismo tiempo, en el Congreso avanza un proyecto de ley del Centro Democrático que, aunque se tramita como ley ordinaria, define cuándo termina la consulta y qué pasa si no hay acuerdo. Al tercer intento fallido, una oficina del Ministerio del Interior fija la compensación y autoriza el proyecto, con lo que se abre la puerta a la licencia ambiental. Leídos juntos, el decreto promete que la licencia esperará a la consulta, y el proyecto de ley define cómo esa consulta termina sin acuerdo. Ninguna de las dos iniciativas ha sido concertada con los pueblos indígenas, afrodescendientes y Rrom, como exige la jurisprudencia constitucional. Como en otros países de la región, se promete agilidad, y quienes pagan el costo son las comunidades que habitan los territorios.

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Adicional a estas experiencias regionales, están también las de Hungría y Canadá a nivel global. En la primera, bajo el gobierno de Viktor Orbán (2010-2026), las llamadas inversiones de “importancia estratégica nacional” pasaron de ser una excepción a convertirse en la norma. Con esta figura se flexibilizaron las salvaguardas ambientales. Por ejemplo, los residentes afectados por un proyecto y las organizaciones sociales dejaron de tener derecho a la notificación individual de las decisiones oficiales; bastaba con publicar un aviso en una cartelera municipal durante cinco días; además los municipios perdieron su derecho a regular la superficie de un determinado proyecto. A esta situación se sumó un debilitamiento sistemático de las audiencias públicas mediante decreto, como respuesta a la oposición ciudadana masiva a la construcción de fábricas de baterías de litio. Una audiencia a la que la gente difícilmente se entera de que puede asistir, o una decisión que no tiene suficiente publicidad, no ofrece las mismas garantías que un proceso informado y abierto.

En Canadá, por su parte, se han aprobado leyes federales y provinciales que aceleran proyectos de desarrollo considerados de “interés nacional”. A nivel federal, la Ley de Construcción de Canadá (Building Canada Act) le permite al Gobierno federal seleccionar proyectos de infraestructura o explotación de recursos naturales, declararlos “proyectos de interés nacional” y, con ello, exceptuarlos de salvaguardas legales y ambientales importantes, además de limitar las posibilidades de un control parlamentario efectivo. El Gobierno federal de Canadá también presentó recientemente el Proyecto de Ley C-39, la Ley de Fortalecimiento de la Construcción de Canadá (Building Canada Strong Act), que acelera aún más el proceso de aprobación de proyectos, incluyendo la permanencia de las facultades del Ejecutivo para otorgar exenciones, lo cual genera serias preocupaciones en torno al debilitamiento de las protecciones ambientales y a la elusión de una consulta adecuada con los pueblos indígenas.

Las formas en cada una de estas experiencias pueden variar, pero comparten el mismo objetivo: reducir las garantías ambientales y presentarlas ante la opinión pública como un obstáculo al desarrollo y no como lo que realmente son: una protección al ambiente. Flexibilizar los controles; reducir los tiempos de los procesos de licenciamiento; quitarles participación a las comunidades; eludir la consulta con las comunidades afectadas, incluidos los pueblos indígenas; y debilitar a las instituciones que podrían garantizar estos derechos u oponerse a las reformas.