La JEP, entre las críticas necesarias y los riesgos de debilitarla

En las últimas semanas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha estado en el centro del debate público. Por una parte, algunos congresistas de partidos del gobierno impulsaron un recorte presupuestal avalado por el Gobierno y también han propuesto reformas para reducir el periodo y afectar los efectos de sus decisiones sobre militares. Por otra parte, la JEP se ha defendido con distintas acciones, algunas de las cuales han suscitado más cuestionamientos que claridades. En medio de estas controversias, parecemos olvidar que la JEP está llamada a cumplir un papel clave en el país y que para lograrlo debe llevar a cabo ajustes necesarios. 

¿Por qué la JEP es importante y debilitarla no es una buena estrategia?

La JEP es una pieza clave del Acuerdo de Paz. Es la encargada de darle cierre jurídico al conflicto armado. Para lograrlo, debe esclarecer judicialmente los patrones de violencia que llevaron a la ocurrencia de violaciones masivas de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Al mismo tiempo, debe garantizar seguridad jurídica tanto a los ex miembros de las FARC como a los militares y policías que comparecen ante ella. Sin su trabajo es difícil pensar en un cierre real del conflicto político.

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Como todo órgano judicial, su actuación debe estar sometida a escrutinio público. Sin embargo, los cuestionamientos a la JEP deberían dirigirse a sus acciones y resultados y no al modelo de justicia que aplica. La Corte Constitucional ya lo revisó y lo avaló (sentencias C-673 de 2017 y C-080 de 2018), y de hecho el esquema de selección de casos y las sanciones alternativas que son restaurativas, sin cárcel, pero con un componente de restricción de derechos y libertades, están respaldados por la Constitución desde 2012 (Acto Legislativo 1). Es un modelo que ya pasó su examen de constitucionalidad y que tiene respaldo en distintas normas legales y constitucionales, así como en el reconocimiento internacional que ha logrado.

Diez años después de su implementación, es claro que las instituciones del Estado, incluidos el gobierno y el Congreso, tienen la obligación de hacerlo funcionar. El éxito de la JEP es esencial para poder cerrar un conflicto político muy costoso para todo el país. Si no logra aclarar los patrones de violencia ocurridos en el conflicto y resolver la situación jurídica de miles de ex guerrilleros y ex militares, se abren enormes riesgos para la reincidencia y problemas para la reintegración. El fracaso de la JEP solo nos conduciría a un escenario de pérdida de tiempo y de recursos, y a la completa inseguridad jurídica. Esta no le conviene a ninguno de los actores cuyas actuaciones durante el conflicto han sido investigadas por la JEP. El éxito de la JEP es el mejor escenario para las víctimas, los comparecientes y el país.

La JEP debe abrirse a la crítica 

Querer el éxito de la JEP no significa, sin embargo, que esté blindada frente a cualquier crítica o que no haya aspectos que pueden ser mejorados. Es una entidad pública y, como tal, puede y debe rendir cuentas sobre cómo gasta sus recursos, sobre los tiempos de sus investigaciones, sobre si está cumpliendo su mandato con la celeridad que las víctimas y los comparecientes necesitan. También, como cualquier entidad pública al servicio de la ciudadanía, debe tener la apertura de recibir críticas que puedan mejorar su funcionamiento, por ejemplo, sobre la simplificación de los procedimientos, la definición rápida de la situación jurídica de quienes no son máximos responsables y la articulación efectiva con las demás entidades que conforman el sistema de justicia transicional. 

Lo que no es admisible es que los cuestionamientos se conviertan en ataques sin sustento, movidos por cálculos políticos o por un afán de retaliación. La crítica válida es la que se hace con argumentos y evidencia, y que busca que la JEP funcione mejor y use bien los recursos públicos, no la que busca deslegitimarla o destruirla. 

El debate sobre el presupuesto y la reducción de competencias

Valorar el desempeño de la JEP requiere un análisis desapasionado y fundado en hechos y evidencia contrastable, y no en reparos únicamente políticos sobre su mandato. También exige considerar los propósitos transicionales que le dieron origen, pues la Jurisdicción Especial para la Paz únicamente cobra sentido como parte de un sistema que busca dar respuestas a las víctimas del conflicto para aportar al proceso de construcción de paz.

En relación con la reducción de presupuesto, por ejemplo, es claro que puede ser reducido por el Gobierno Nacional y ajustado –dentro de los montos aprobados– por el Congreso, sin embargo, no puede ser un mecanismo de presión o de persecución de los jueces que anule el funcionamiento de la judicatura. Esto afecta el balance entre los poderes públicos y, especialmente, los derechos de acceso a la justicia y de seguridad jurídica de los usuarios de los sistemas judiciales. La reducción presupuestal a la JEP de 170 mil millones de pesos en la ponencia para primer debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 plantea dudas sobre las razones que justifican ese monto y cuáles serán los impactos concretos en el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la discusión en plenarias de Cámara y Senado debería lograrse una discusión razonada que permita lograr reducciones acordes con el escenario fiscal, pero que no sean de tal naturaleza que impidan el funcionamiento de la JEP; para esto es necesario un diálogo desapasionado y sensato entre el Ministerio de Hacienda, la JEP y los congresistas ponentes.

También están en discusión otras iniciativas legislativas que buscan afectar el funcionamiento de la JEP. Por un lado, está el proyecto de Acto Legislativo presentado por congresistas del Centro Democrático que buscan que las sentencias sancionatorias sobre militares de la JEP sean revisadas por el Tribunal Penal Militar y Policial. Esta iniciativa elimina la facultad de la JEP de ser órgano de cierre y aumenta los riesgos de seguridad jurídica para los militares sancionados. Además de tener que esperar por más tiempo por una decisión definitiva, una iniciativa de esta naturaleza aumenta la vulnerabilidad de los militares ante órganos internacionales, como la Corte Penal Internacional, pues desconoce que la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al indicar que las violaciones de los derechos humanos no deben juzgarse en tribunales militares. También se pondría en riesgo la responsabilidad internacional del Estado, pues esta medida podría verse como un mecanismo para sustraer a los militares de la justicia.

Por otro lado, está el proyecto de Acto Legislativo para reducir el mandato de la JEP a diez años promovido por el partido Salvación Nacional. Este proyecto reduce el mandato de la JEP de quince a diez años, lo que le quita tiempo destinado para las labores puramente jurisdiccionales, es decir, son cinco años para que el Tribunal para la Paz y los demás órganos competentes terminen de adoptar las decisiones sancionatorias o no sancionatorias. El proyecto desconoce, entonces, que el periodo inicial de diez años implicaba principalmente, aunque no exclusivamente, actividades de investigación. De prosperar esta medida podría afectar a las víctimas que esperan que los máximos responsables sean sancionados, pero sobre todo a los comparecientes –militares y firmantes– que no van a tener seguridad jurídica, pues sus casos volverían a la justicia ordinaria a esperar por una sentencia en los anaqueles judiciales.

Abordar los problemas de manera propositiva y desde el diálogo

Lo que el momento exige es diálogo institucional entre la JEP, el Gobierno y el Congreso. No se trata de que cada uno defienda su trinchera, sino de sentarse a resolver, con datos sobre la mesa, los problemas de funcionamiento y las posibilidades concretas de recursos, teniendo en cuenta las necesidades institucionales de la JEP y las limitaciones fiscales. Solo así se avanza hacia una JEP fortalecida que pueda cerrar, con solidez jurídica, el conflicto armado. 

También es la oportunidad de que la JEP pueda responder a los múltiples reclamos que le exigen más eficacia, para lograr sanciones oportunas y decisiones sobre todos los comparecientes y así cumplir con su mandato en el periodo constitucional de quince años (2033). Avanzar a un mejor ritmo en la definición integral de la situación jurídica de los miles de militares y firmantes es un aspecto central de los posibles ajustes pendientes. 

El Gobierno también tiene aquí un papel que no puede desaprovechar, pues mediante el diálogo puede apoyar a la JEP a que cumpla con sus objetivos, pero también tiene en sus manos la posibilidad de mejorar todo el sistema de justicia transicional para dar una respuesta integral a las víctimas y a los comparecientes. Puede fortalecer a la Unidad de Búsqueda para acelerar el hallazgo de desaparecidos, impulsar la reparación administrativa y por fin sacar adelante el Museo de la Memoria. Ese es el terreno donde se juega realmente el éxito de la transición, y es allí donde deberían concentrarse los esfuerzos de todas las instituciones involucradas.