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Columna

Contra el inglés

Tal vez la propuesta de Petro no obedezca a ese llamado a la ignorancia, sino a algo incluso más lamentable, en todo caso más prosaico, que es convertir las embajadas en botines clientelistas.

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Columna

¿Un gobierno “saádico”?

Es alarmante que Alfredo Saade haya hecho, en el pasado pero también como parte de este gobierno, declaraciones muy preocupantes, en que sádicamente parece gozar al poner a sufrir a los demócratas de Colombia.

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Columna

Un limbo muy peligroso

Estamos perdiendo la sabiduría del orden justo: me refiero al orden jurídico en general, en crisis o amenazado en muchos países, incluida Colombia, pero sobre todo el orden jurídico internacional actual.

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Entrada

Cinco preocupaciones sobre el decreto que reglamenta el uso de la fuerza pública en las manifestaciones sociales

La sociedad colombiana necesita de manera urgente una regulación del uso de la fuerza en las manifestaciones públicas. Esta debe ser compatible con los derechos a la participación en asuntos públicos, la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, especialmente las disidentes, que a lo largo de la historia política del país han sido excluidas y estigmatizadas.

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Artículo de Litigio

Intervención frente al proyecto de ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia

DeJuSticia y la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- presentamos algunos estándares que deben aplicarse para proteger los derechos que frecuentemente se ven amenazados con las actividades de inteligencia y, al mismo tiempo, asegurar la efectividad de las mismas. La intervención expone objeciones y cargos contra diferentes apartados de la ley en relación con: i) la caracterización de las actividades de inteligencia y la delimitación de las competencias que se asignan; ii) el alcance de la reserva legal y la clasificación de documentos públicos; iii). el control a los organismos de inteligencia; iv) los métodos propuestos para recolectar información; y v) la creación de nuevos tipos penales que enfrentan el ejercicio de derechos fundamentales y la reserva de información de secreta.

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Artículo de Litigio

Intervención frente a artículos reformatorios de la Unidad Agrícola Familiar en el Plan Nacional de Desarrollo

Dejusticia respaldó la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 60, 61 y 62del PND porque contienen medidas que favorecen la concentración de la tierra y que constituyen un retroceso en la garantía del derecho de los trabajadores agrarios de acceder progresivamente a la propiedad de la tierra.

En la Sentencia C-644 del 2012, de agosto 23, la Corte declaró inexequibles los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo pues los considera una medida regresiva que propicia la concentración de la tierra y genera un retroceso en los deberes del Estado de promover el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios. Con este fallo la Corte adoptó el argumento propuesto por DeJuSticia.

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Artículo de Litigio

Intervención en el proyecto de ley estatutaria de reforma política.

Dejusticia intervino ante la Corte en el control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de reforma política, específicamente en el estudio de los artículos 2°, 28 y 47.
En nuestra opinión, el artículo 2, que amplía la prohibición de no pertenecer a más de dos movimientos o partidos políticos con personería jurídica al incluir los que no tienen personería jurídica, es constitucional por ser una medida razonable que no afecta el núcleo esencial del derecho político de afiliarse o retirarse de una organización política. Apoyamos también la constitucionalidad del artículo 28 referente a la cuota de participación política (los partidos o movimientos políticos deben incluir mínimo un 30% de cada sexo en la conformación de listas para corporaciones públicas) ya que es coherente con los deberes del Estado en materia de promoción de participación política de las mujeres, la realización efectiva de sus derechos, el cumplimiento de obligaciones internacionales, entre otras. Finalmente, solicitamos la inconstitucionalidad del artículo 47 que modifica la conformación del censo electoral por vicios en su trámite legislativo, porque incorpora un trato desigual e injustificado entre los votantes y abstencionistas de las elecciones pasadas, y porque atenta contra el concepto de censo electoral.

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Artículo de Litigio

Demanda de nulidad electoral frente a la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral

Dejusticia demandó la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral efectuada por el Congreso de la República el 30 de agosto de 2010. La demanda presenta un cargo único según el cual dicha elección es nula porque se realizó mediante voto secreto y no mediante voto nominal y público, tal como lo dispone el artículo 133 de la Constitución. Sostenemos que el voto secreto es incompatible con el régimen de bancadas establecido a partir del Acto Legislativo 01 de 2003, en tanto impide que los partidos ejerzan un control efectivo sobre la actividad parlamentaria de sus miembros. Solicitamos por tanto que se anule la elección y que se ordene su repetición con el sistema de voto nominal.

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Artículo de Litigio

Intervención ciudadana en la demanda contra los artículos 14 a 17 de la Ley antitabaco (1335 de 2009).

DeJuSticia interviene con el fin de impugnar la demanda y defender la constitucionalidad de los artículos 14 a 17 de la Ley 1335 de 2009 (Ley antitabaco). Las normas demandadas establecen prohibiciones a la publicidad de productos derivados del tabaco. En la intervención se defiende la idea de que dada la probada nocividad del tabaco, bien puede el Estado establecer para estos productos un “mercado puramente pasivo”, esto es, que el Estado los tolera -lo cual incluye permitir su comercialización y consumo-, pero desestimula su uso y por ello prohíbe la publicidad y el fomento del mismo.

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Artículo de Litigio

Acción de tutela por decreto que restringe la libertad de expresión y el acceso a la información durante elecciones

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJuSticia, la Misión de Observación Electoral – MOE, Medios para la Paz, la Asociación de Diarios Colombianos – Andiarios y la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP le interpusieron acción de tutela al Ministerio del Interior y de Justicia por la expedición del decreto que reglamenta el orden público durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, al considerar que algunos artículos violan la libertad de expresión y el acceso a la información.

El pasado 24 de mayo de 2010 se expidió el decreto 1800 mediante el cual “se dictan normas para la conservación del orden público durante el período de elecciones presidenciales”. Dicho decreto, que ha sido el mismo que se ha utilizado desde las elecciones de 1994, restringe la libertad de expresión e información de los periodistas el día de elecciones presidenciales.

Esas restricciones obligan a los medios de comunicación a trasmitir información relacionada con el orden público únicamente cuando sea confirmada por fuentes oficiales. Asimismo, se le prohíbe a los medios publicar información sobre resultados electorales diferente a la entregada por autoridades electorales. Además, ordena a los medios a darle prelación a los mensajes emitidos por estas autoridades en el proceso electoral.

Después de hacer un estudio jurídico de esas normas, las organizaciones encuentran que violan los derechos fundamentales de los periodistas pues desconocen el principio de no censura, hace restricciones desproporcionadas, así el espíritu de la reglamentación sea loable y además, fueron tramitadas por decreto cuando la Constitución es clara al darle esa facultad reglamentaria a las leyes estatutarias.

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Cortes y cambio social: Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia

¿Qué papel tienen las cortes en una democracia? ¿Qué tipo de intervenciones judiciales se requieren para promover políticas públicas que hagan realidad los derechos y estimulen el cambio social? Este libro responde estas y otras preguntas, a la luz de uno de los casos más importantes del constitucionalismo comparado: la intervención de la Corte Constitucional colombiana para proteger los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado. Con base en una investigación interdisciplinaria, los autores ofrecen un nuevo marco analítico y estudian los efectos de la sentencia de la Corte (T-025 de 2004) y del dinámico proceso de seguimiento que ha tenido lugar desde su expedición.

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Mayorías sin democracia: Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009

El tema de la reelección presidencial está presente, con breves interrupciones, en los grandes titulares de la prensa nacional que se publican desde 2004. Es mucho lo que se ha dicho, discutido y analizado a favor o en contra de la reelección durante este tiempo. El corazón del desacuerdo está en el concepto de democracia. Mientras los defensores de la reforma ponen el acento en las mayorías políticas y creen que hay que acomodar las reglas de juego constitucionales a esas mayorías, los opositores hacen una distinción entre los asuntos coyunturales de la política –mayorías y minorías- y los asuntos estructurales o de largo plazo que están en la Constitución y que son los fundamentales.

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Artículo de Litigio

Acción electoral de nulidad contra el acto administrativo a través del cual, el 19 de agosto de 2008, la Cámara de Representantes eligió al doctor Volmar Pérez como Defensor del Pueblo

El 16 de agosto de 2008, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad –DeJuSticia-, la Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la Red Nacional de Mujeres, y la Corporación Antígona para el Desarrollo Social, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, presentaron una acción electoral de nulidad contra el acto administrativo a través del cual, el 19 de agosto de 2008, la Cámara de Representantes eligió al doctor Volmar Pérez como Defensor del Pueblo. La razón fundamental argumentada es la siguiente: la terna conformada por el gobierno nacional no respetó la ley de participación igualitaria de las mujeres (Ley 581 de 2000) que exige que en las ternas de candidatos para cargos como el de la Defensoría del Pueblo se incluya al menos una mujer. El 22 de octubre de 2009, luego de una acumulación procesal, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado falló el caso declarando la nulidad del acto por las razones indicadas en la demanda, constituyendo de este modo un precedente importante para el respeto de las reglas de acceso igualitario a los altos cargos del Estado. El 16 de agosto de 2008, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad –DeJuSticia-, la Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la Red Nacional de Mujeres, y la Corporación Antígona para el Desarrollo Social, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, presentaron una acción electoral de nulidad contra el acto administrativo a través del cual, el 19 de agosto de 2008, la Cámara de Representantes eligió al doctor Volmar Pérez como Defensor del Pueblo. La razón fundamental argumentada es la siguiente: la terna conformada por el gobierno nacional no respetó la ley de participación igualitaria de las mujeres (Ley 581 de 2000) que exige que en las ternas de candidatos para cargos como el de la Defensoría del Pueblo se incluya al menos una mujer. El 22 de octubre de 2009, luego de una acumulación procesal, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado falló el caso declarando la nulidad del acto por las razones indicadas en la demanda, constituyendo de este modo un precedente importante para el respeto de las reglas de acceso igualitario a los altos cargos del Estado.

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Artículo de Litigio

Intervención ciudadana en relación a la objeción de conciencia en el servicio militar

La intervención ciudadana se presenta en relación a la objeción de conciencia como una causal de exclusión permanente para prestar el servicio militar. El centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia- presenta este escrito con la intención de coadyuvar la demanda a la inconstitucionalidad por omisión en que incurre el artículo 27 de la Ley 48 de 1993.

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Normas de papel

Este libro surge de un proyecto investigativo llevado a cabo entre el año 2006 y 2009 sobre la cultura del incumplimiento. El propósito de este proyecto es mostrar, contrastando con la idea económica de incumplimiento, cómo es de complejo este comportamiento y cómo, teóricamente hablando, necesitamos mejorar la comprensión que tenemos del mismo. En este proyecto se desarrollaron seis casos empíricos.

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TLC, ¿es constitucional?

Este libro presenta una sistematización de los debates que se dieron durante el Foro: TLC ¿Es Constitucional? cuyo propósito fue estudiar diversos aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos para valorar qué elementos del mismo vulneran la Constitución y aportar argumentos para el escenario del control de la constitucionalidad.

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La letra y el Espíritu de la Ley

El presente libro busca reanimar la discusión académica y práctica que los abogados tenemos con relación a los “métodos de interpretación” en derecho. La filosofía del lenguaje, la lingüística, la ciencia cognitiva y los estudios comunicacionales pueden ofrecer nuevas perspectivas que son exploradas en el presente libro y que pretenden enriquecer así las disputas ya conocidas. En particular, el autor ofrece una reconstrucción teórica de la oposición entre la “letra” de la ley y su “espíritu” donde busca demostrar que las normas no tienen “significados naturales y obvios”. El autor, finalmente, critica la falsa especialidad técnica de la hermenéutica jurídica que la aleja de las expectativas y esperanzas de los ciudadanos corrientes.

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Tutelas contra sentencias: Documentos para el debate

La tutela contra sentencias (TCS) ha estado, desde hace varios años, en el centro de muchas polémicas jurídicas y políticas, en especial debido al llamado «choque de trenes». Estos enfrentamientos entre las altas cortes han sido perjudiciales para el país, pues generan incoherencias en el sistema judicial, con grave perjuicio para la seguridad jurídica y para los derechos fundamentales de los colombianos.

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Interpretación constitucional

Este libro busca contribuir a la discusión, compresnión y mejoramiento de las habilidades de los jueces colombianos en la interpretación de la Constitución, su aplicación directa a la resolución de los conflictos jurídicos, sociales y políticos que afronta el país y que llegan a sus despachos.

En esa medida, promover la utilización y cita técnica del precedente, por contraposición a sus usos y citas anti-técnicos; analizar la cuestión de la interpretación del texto constitucional mediante la interpretación del precedente constitucional, así como fortalecer las habilidades para la identificación y aplicación de la ratio decidendi vinculante en casos nuevos, son algunos de los objetivos específicos de este libro.

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¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia

Este libro es un intento por explicar el origen, el contenido y los efectos de las transformaciones recientes de la justicia en Colombia, y por evaluar los resultados de las políticas de reforma judicial que se han emprendido en el país y en Latinoamérica durante las últimas dos décadas.

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