Aunque el Estado tiene una responsabilidad ineludible en este proceso, garantizar la existencia de ciudades inclusivas también recae en quienes las habitamos. | EFE
Ciudades Inclusivas: historias de exclusión y resistencia
Por: Sofia Forero Alba | Enero 12, 2026
En el sector Cofradía de San Pedro Sula (Honduras), la colonia El Palmar ha sido por años un símbolo de resistencia frente a la exclusión urbana. Desde 2009, unas 200 familias transformaron terrenos sin títulos de propiedad en sus hogares, apostando por construir una comunidad en un país donde el 80% de las tierras privadas carecen de registros formales. Sin embargo, esta frágil estabilidad está siendo amenazada constantemente por intentos de desalojos impulsados tanto por intereses privados como por fallos judiciales.
El Palmar enfrentó un momento crítico en marzo del 2024. Agentes de la Policía Nacional intentaron ejecutar una orden judicial que obligaba a las familias a abandonar el terreno, otorgado a una persona natural según el fallo. Los residentes, algunos con más de 15 años en la zona, denunciaron no haber recibido notificaciones previas y alegaron que el terreno pertenece al Estado. Por su parte, la jueza del caso afirmó a los medios de comunicación que los terrenos son “propiedad privada protegida por el Estado”. «No tenemos a dónde vivir, a dónde ir”, lamentaba una vecina, resumiendo el sentimiento de una comunidad en lucha por su derecho a permanecer.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre el derecho a la ciudad y la exclusión estructural que enfrentan las comunidades más vulnerables. Reconociendo estas múltiples tensiones, en este blog abordaremos cómo la participación cívica y el acceso a espacios públicos seguros pueden ser elementos clave para reducirlas. A través de experiencias como la de El Palmar, en San Pedro Sula (Honduras), Porto Alegre (Brasil), Cotacachi (Ecuador) y Umeå (Suecia) queremos visibilizar la necesidad urgente de desarrollar políticas que fomenten la inclusión.
El espacio cívico —la libertad de las personas para reunirse, expresarse y participar en la vida pública— es fundamental para la democracia. Sin embargo, este espacio no puede existir en el vacío; necesita un entorno físico y social que lo respalde. Cuando estos espacios son privatizados o inaccesibles, se debilita no solo el tejido comunitario, sino también la capacidad de los ciudadanos para organizarse, deliberar y exigir derechos.
Espacio cívico y ciudades inclusivas: una conexión vital
Las ciudades inclusivas, definidas por la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad como “un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes”, proporcionan un entorno donde todas las personas pueden ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida urbana. Para lograrlo, no basta con garantizar plazas, parques y espacios comunitarios accesibles; es fundamental implementar políticas públicas que prioricen el bienestar social sobre los intereses económicos.
Casos como el de El Palmar, donde comunidades enteras enfrentan desalojos sin alternativas habitacionales viables, evidencian cómo la ausencia del poder público en la protección de estos espacios permite el avance de la privatización, transfiriendo su gestión y acceso al control de actores privados. Estas situaciones no son aisladas, sino parte de un patrón recurrente en el que poblaciones vulnerables quedan expuestas a decisiones judiciales y administrativas que privilegian la propiedad privada sin considerar el derecho a la vivienda y a la ciudad.
Las familias que construyeron sus vidas en estos territorios quedan en una situación de vulnerabilidad, enfrentando amenazas de desalojo sin mecanismos efectivos de defensa. Esto, a su vez, no solo limita físicamente el acceso a espacios de interacción colectiva —afectando la vida comunitaria y la organización social— sino que también profundiza la exclusión social, al restringir el derecho a habitar y participar.
De esta forma, las políticas urbanas que privilegian los intereses privados erosionan la inclusión y clausuran las posibilidades de acción cívica y democrática. Dicho de otro modo, El Palmar nos recuerda que el derecho a la ciudad no es solo una aspiración abstracta, sino una lucha concreta que exige políticas urbanas inclusivas y comprometidas con garantizar que todos sus habitantes tengan un hogar y un espacio para ejercer su ciudadanía.
Ahora bien, imaginemos ciudades donde cada habitante, sin importar su situación económica o social, tiene un espacio al que pertenecer y acceso a servicios públicos de calidad, transporte accesible y espacios comunitarios seguros. En estos entornos, la participación ciudadana no solo sería un derecho, sino una realidad tangible, una parte fundamental del tejido social que fomenta una mayor cohesión y bienestar. Este modelo de ciudad inclusiva y equitativa, como señala ONU Hábitat, se fortalece a través de mecanismos de participación como el presupuesto participativo y la toma de decisiones colectivas. De esta manera, un enfoque de justicia espacial contribuye a una mejor distribución de los recursos y refuerza la democracia y la esfera pública, asegurando que todos los ciudadanos tengan voz en la configuración de su entorno.
Una visión transformadora: Porto Alegre, Cotacachi y Umeå
En contraste, el modelo de presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil, demuestra cómo las políticas inclusivas pueden revitalizar el espacio cívico. Desde 1989 esta ciudad ha permitido que sus habitantes decidan cómo se distribuyen los recursos públicos.
En asambleas locales y foros temáticos, las comunidades priorizan sus necesidades, desde la mejora del saneamiento hasta la construcción de escuelas. Este proceso ha transformado la gestión pública y también ha fortalecido el tejido social. Como resultado, las personas cuentan con un espacio para hacer oír sus voces y contribuir activamente a la gestión de su ciudad. Porto Alegre muestra que cuando una ciudad prioriza la inclusión, también fortalece su democracia.
Otro ejemplo inspirador es el del cantón de Cotacachi, en Ecuador, donde se ha promovido activamente la inclusión de mujeres y pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones públicas. El cantón de Santa Ana de Cotacachi está ubicado en la provincia de Imbabura, en Ecuador, y cuenta con más de 37,250 habitantes (de los cuales el 80% vive en zonas rurales). El municipio se caracteriza por una fuerte diversidad étnica y cultural: el 60% de la población es indígena quechua, el 35% es blanco-mestiza y el 5% es afroecuatoriana.
A través de mecanismos participativos como los presupuestos participativos y asambleas ciudadanas, se ha logrado una mayor representación de grupos históricamente excluidos. Esta apuesta por una democracia intercultural ha generado transformaciones significativas: se han implementado proyectos centrados en salud comunitaria, educación y desarrollo rural con enfoque de género y pertenencia cultural. Cotacachi demuestra que incluso en territorios con menos recursos económicos, una voluntad política firme y un enfoque participativo pueden dar lugar a ciudades más inclusivas, donde la equidad y la diversidad sean pilares de la gestión local.
Más allá de los logros materiales, tanto Porto Alegre como Cotacachi evidencian que la inclusión es un proceso que fortalece la cohesión social y amplía las oportunidades de participación democrática. En palabras de Rendón Corona (2004), el presupuesto participativo “fomenta la cohesión social y amplía las oportunidades de participación democrática, incluso frente a restricciones legales o presupuestales.
Una experiencia complementaria se encuentra en Umeå, Suecia, donde la planificación urbana ha incorporado activamente la perspectiva de género para garantizar que el desarrollo de la ciudad refleje las necesidades de toda la población. Esta pequeña ciudad del norte de Europa ha implementado estrategias innovadoras, como auditorías de género en el diseño del espacio público y consultas ciudadanas diferenciadas, para asegurar que mujeres, personas mayores, niños y grupos minoritarios tengan voz en cómo se configura su entorno.
Un ejemplo concreto ha sido la transformación de espacios urbanos a partir del análisis de las rutinas diarias de mujeres, lo que ha permitido mejorar la iluminación, la seguridad y la accesibilidad. Umeå demuestra que la inclusión también puede surgir desde la planificación urbana sensible a las desigualdades cotidianas, y que cuando las políticas públicas se diseñan desde la experiencia vivida de sus habitantes, se promueve una ciudad más justa, segura y participativa para todas las personas.
Construyendo ciudades para todxs
La historia de El Palmar y los ejemplos de Porto Alegre, Cotacachi y Umeå representan extremos opuestos de un espectro. El primero ilustra cómo la exclusión puede desmantelar comunidades; los demás, cómo la inclusión puede empoderarlas. Aunque ambos casos son valiosos, es importante reconocer sus diferencias en términos de escala y contexto. Por ejemplo, Porto Alegre, una capital brasileña con un peso económico y político significativo, cuenta con recursos y estructuras institucionales que posibilitan intervenciones más amplias y profundas. El Palmar, en cambio, es una comunidad mucho más pequeña y vulnerable, donde las soluciones deben adaptarse a una realidad más limitada en términos de capacidad estatal y recursos disponibles.
Sin embargo, estas diferencias no deben verse como barreras insalvables, sino como puntos de partida para repensar cómo construir ciudades inclusivas desde sus particularidades. En ciudades con mayores recursos, la prioridad puede ser ampliar la participación ciudadana a través de mecanismos como el presupuesto participativo, mientras que en comunidades más pequeñas y vulnerables, el enfoque puede estar en fortalecer el tejido comunitario mediante la protección de derechos básicos y la creación de espacios seguros para la deliberación.
Aunque el camino hacia la inclusión urbana varía según el contexto, las realidades comparten un principio fundamental: la necesidad de situar a las personas en el centro de las políticas públicas y reconocer que las ciudades inclusivas no son sólo una aspiración, sino una construcción colectiva que puede materializarse en distintos niveles, desde iniciativas comunitarias locales hasta estrategias de planificación urbana a nivel nacional.
Como muestra el caso de El Palmar, la falta de políticas que protejan a las comunidades vulnerables debilita el tejido social y restringe el ejercicio de derechos fundamentales. Por otro lado, las demás experiencias demuestran que cuando la ciudadanía participa activamente en la gestión de su entorno, la democracia y la cohesión social se fortalecen. Ambas experiencias nos invitan a reflexionar: ¿Qué tipo de ciudad queremos construir? Proteger el espacio cívico y garantizar ciudades inclusivas no son tareas aisladas, son estrategias complementarias. Mientras el espacio cívico garantiza la participación activa de todas las personas, las ciudades inclusivas aseguran que estos espacios sean accesibles, seguros y diversos.
Construir ciudades inclusivas no es únicamente una cuestión de infraestructura o normativas técnicas; es ante todo, un compromiso político y social para asegurar que todas las personas tengan un lugar digno donde vivir, participar y desarrollarse plenamente. Estas ciudades no surgen de manera espontánea: se construyen día a día en la manera en que habitamos el espacio público, en las políticas que exigimos y en las comunidades que tejemos y fortalecemos.
Aunque el Estado tiene una responsabilidad ineludible en este proceso, garantizar la existencia de ciudades inclusivas también recae en quienes las habitamos. Nuestras decisiones cotidianas —desde cómo nos relacionamos con nuestro entorno hasta el grado de implicación en nuestras comunidades— moldean, de forma colectiva, el tipo de sociedad urbana que queremos construir.
Ahora bien, reconocer el valor de la participación ciudadana no debe llevarnos a idealizarla como solución única. La participación es una condición necesaria, pero no suficiente. Si no está respaldada por inversiones públicas que permitan convertir las decisiones colectivas en acciones concretas, su potencia transformadora se diluye y la confianza en estos procesos se erosiona. Por eso, el camino hacia ciudades verdaderamente inclusivas exige un compromiso compartido: una ciudadanía activa y exigente, e instituciones responsables, con voluntad política y recursos asignados. ¿Estamos listos, desde ambos lados, para asumir este reto?*
