Brecha digital: otra frontera de desigualdad regional

El más reciente Índice de Brecha Digital (IBD) del Ministerio TIC muestra que, si bien la brecha disminuyó en el 82% de los departamentos entre 2022 y 2023, aumentó en Casanare, San Andrés y Norte de Santander. Los departamentos de Orinoquía y Amazonas presentan el mayor valor de IBD: resaltan Vichada, Vaupés y Amazonas, que son los que tienen la peor posición a nivel nacional.

De las cuatro dimensiones del índice -habilidades digitales, aprovechamiento, acceso material y motivación-, habilidades digitales fue la que mostró mayor brecha. Es decir, aún persisten grandes retos en formación y apropiación tecnológica. Muchas personas, especialmente en departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía, carecen de la cualificación necesaria para usar herramientas digitales efectivamente. Esto incluye desde las habilidades más básicas, como manejar un dispositivo o navegar en internet, hasta las más avanzadas como programación y desarrollo tecnológico.

Así, la brecha digital sigue reproduciendo desigualdades históricas. En muchas zonas rurales, el acceso a internet no garantiza una inclusión real. La falta de formación en competencias digitales limita la capacidad de las personas para participar en la economía, la educación o la vida pública en condiciones de equidad. La brecha no solo separa a quienes tienen o no conexión, sino también a quienes pueden o no transformar esas conexiones en oportunidades.

Por ello, reducir la brecha digital requiere mirar más allá del acceso material. La exclusión digital no solo significa quedarse sin conexión, sino también quedar por fuera de las oportunidades educativas, laborales y de participación que hoy dependen de las tecnologías digitales. Si no se fortalecen competencias digitales en todos los niveles de la población, la brecha no solo persistirá, sino que se profundizará: quienes ya tienen ventajas tecnológicas seguirán acumulando conocimiento y poder, mientras que quienes no las tengan permanecerán sujetos a relaciones de dependencia.

De ahí que las políticas públicas deban centrarse en fortalecer capacidades humanas y comunitarias, reconociendo que muchas desigualdades nacen del propio diseño tecnológico. Las plataformas y sistemas suelen pensarse para un usuario urbano, joven y conectado, dejando por fuera a quienes no encajan en ese molde. Por eso, urge promover alfabetización digital adaptada a las realidades locales y un aprendizaje crítico que permita a las personas comprender su impacto, aprovecharla para el desarrollo productivo y ejercer ciudadanía digital con autonomía.

Cerrar la brecha digital regional no es un reto exclusivamente técnico, sino social. Implica reconocer que el acceso equitativo al mundo digital es también una forma de justicia territorial. Invertir en formación, sobre todo en los departamentos más rezagados fortalecería las posibilidades de participación, innovación y desarrollo sostenible en las regiones. Solo así la conectividad podría traducirse en desarrollo y no en otra frontera de exclusión.