El fantasma del glifosato revive en la crisis diplomática

La reciente crisis diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia pareciera tener origen en la lucha contra las drogas, pero en el ámbito doméstico se está aprovechando también para plantear propuestas de cara a las elecciones. Ignorando, por supuesto, los egos masculinos y los intereses geopolíticos en la región, la presión internacional y el oportunismo político están invocando el fantasma de la fumigación aérea con glifosato para frenar y revertir el aumento de cultivos de coca.

Desde ya, ante el récord histórico de cultivos ilícitos y por la presión de Estados Unidos, varios sectores y candidatos prometen reanudar la aspersión con este agrotóxico para demostrar resultados en reducción de hectáreas de coca. Técnica y jurídicamente volver al glifosato no es fácil, pero parece que discursivamente sí lo es. En época de contienda electoral parecerá sencillo que muchos candidatos intenten decirle a la opinión pública que la solución es retornar a la fumigación, un método costoso, inefectivo y peligroso. Por eso, hay que precisar dónde está la supuesta diferencia de fondo que alimenta la debacle, porque esta crisis diplomática no se resolverá envenenando al país.

La intervención e intereses de Estados Unidos en esta materia naturalmente desdibujan el panorama. Es claro que este país no concuerda con la estrategia que Colombia ha adoptado en los últimos años y esto se vio reflejado en su decisión sobre la certificación en la lucha contra las drogas. Estados Unidos consideró que Colombia está incumpliendo esta tarea, pero por razones de interés nacional para la potencia del norte se mantuvo la ayuda militar, precisamente la ayuda de la lucha contra las drogas.

Cabe además anotar que los fondos de cooperación más robustos, como Usaid, ya no existen ni para Colombia ni para nadie desde inicios de 2025. Así que el más reciente pronunciamiento de Trump que acusa a Colombia de “no hacer nada para detener el narcotráfico” revela de fondo un desacuerdo sobre la forma como se evalúa el éxito de la política de drogas. Para los gringos se trata de número de matas y Colombia está intentando transitar a un enfoque que priorice acciones en puntos más altos de la cadena de valor, como son las incautaciones.

Es imposible desconocer que Colombia está en su nivel más alto de áreas cultivadas de hoja de coca para la extracción ilícita de cocaína, pero esto no significa que no se haga nada para luchar contra el narcotráfico. El panorama es complejo, pues el aumento de la coca es apenas un síntoma tras el cual se esconden promesas incumplidas de la paz, intentos de implementar nuevos paradigmas y limitaciones a ciertas prácticas. El cambio de paradigma tiene resistencias, porque la lucha contra el narcotráfico se ha identificado con la lucha contra el campesino cocalero.

Ahora, también es cierto que el gobierno Petro no tuvo una estrategia, ni una ejecución clara sobre los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Y este elemento es clave, pues el Estado no puede erradicar de manera manual los cultivos de uso ilícito sin antes brindarle oferta institucional al campesino para que sustituya y pueda transitar a otra economía. Por eso hemos defendido que hay que sustituir antes que erradicar, y erradicar antes que asperjar, y la Corte Constitucional así lo ha determinado también.

Y es en este contexto donde seguramente saldrán todos los candidatos, desde el supuesto centro hasta la derecha, prometiendo que en su gobierno volverá la aspersión aérea con glifosato. Pero por más que se quiera, esta posibilidad es, a lo sumo, una promesa vacía. Las órdenes de la Corte Constitucional desde 2017, y reiteradas en 2019 y 2021, son claras: reanudar el envenenamiento requiere de evidencia científica que demuestra la ausencia de daño a la salud y la creación de un sistema independiente que asegure el debido proceso, entre otras exigencias, que aún son difíciles de cumplir.

En este panorama, las propias fuerzas militares estadounidenses empezaron una serie de bombardeos en el Caribe contra pequeñas lanchas que, al parecer, transportaban cocaína. Estos bombardeos justificados en la guerra contra las drogas están socavando los principios mínimos del derecho internacional público, tal como lo denunciaron los relatores especiales de Naciones Unidas.

La noticia entonces de un pescador asesinado por fuerzas estadounidenses en el Caribe reavivó las tensiones entre los dos gobiernos. La acusación falsa de Trump contra Petro de liderar una red criminal, por supuesto, fue acompañada de una no tan novedosa amenaza de Estados Unidos de imposición de aranceles en contra de Colombia. Nada nuevo bajo el sol.

Esta crisis diplomática, así como otras tantas crisis desatadas en nombre de la guerra contra las drogas, nos distrae de preocuparnos por solucionar los problemas de fondo. El panorama es desalentador, porque la crisis no solo se alimenta de las visiones opuestas sobre cómo medir el fracaso de la prohibición, sino también del ánimo oportunista de cada bando.

En el fondo, la arbitrariedad de Trump frente a Colombia solo debilitará más la respuesta de la lucha contra las drogas. Mientras, el país y el mundo siguen distraídos sin dar la discusión de fondo con seriedad: ¿Qué hacemos con la coca que no sea envenenar a la gente con glifosato?